Diseccionada todo lo que se ha podido, al menos hasta este momento, la causa judicial contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez no ha tenido ni un día de tregua judicial, y esta mañana se ha encontrado con una nueva actuación de los tribunales. En este caso, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que, buscando información para esclarecer una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al gobierno, desplegó la UCO en la sede de la calle Ferraz. Al final, se podrá decir con un lenguaje o con otro, pero los agentes de la Guardia Civil persiguen, entre otras cosas, financiación irregular de los socialistas.
La movida de Pedraz ha sido lo suficientemente amplia y detallada para dejar constancia de la importancia del caso. No solo entraron en Ferraz, sino que se programaron registros en casa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del dirigente histórico del PSOE andaluz y exvicepresidente del gobierno en aquella comunidad, Gaspar Zarrías, y del empresario Javier Pérez Dolset. Todos ellos aparecen investigados con indicios de responsabilidad variable en la trama, aparte de la famosa Leire Díez, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y otra retahíla de nombres menos conocidos. La trama actuó, en muchos casos, de una manera tan burda con fiscales y jueces hasta llegar a la extorsión, que la conocida Leire y los que colaboraron con ella tienen ahora un problema serio.
Hoy el PSOE se debate entre el cierre de filas, el miedo a una derrota electoral contundente y la vergüenza de las cosas que se van sabiendo
Pero, al margen de la actuación de toda esta trama que pretendía desestabilizar los procedimientos judiciales, está de donde salió el dinero para pagar todo esto. Y ese es el objetivo final de, al menos, la pieza que ha llevado a la UCO a Ferraz. Hacerse con la información suficiente para acreditar que el PSOE habría pagado, al menos, 178.000 euros a las cloacas del partido que actuaban en su nombre. Y en todo ello estaban el secretario de Organización del momento, Santos Cerdán, y Leire Díez, pilotando el primero la trama y actuando la segunda como el brazo ejecutor de lo que en Ferraz se decidía. Que todo esto coincida, casi día por día, con la moción que le presentó Pedro Sánchez a Mariano Rajoy hace ahora ocho años no deja de ser un guiño maquiavélico de la historia. Igual que la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE se produjera el día que Sánchez había programado concienzudamente su audiencia con el papa León XIV para poder salir, ni que fuera un día, de un caso tras otro de corrupción.
Hay otro dato del auto del juez Pedraz que, no por conocido, más o menos, es significativo: el origen de esta trama delictiva. Y la sitúa en aquellos famosos días de reflexión, en abril de 2024, en que debía decidir si, tras el caso judicial abierto a su esposa, Begoña Gómez, debía apartarse de la vida pública. Más allá de que ya sabíamos que todo fue una actuación muy bien montada para lograr el clímax perfecto —se sacrificaba para demostrar su inocencia y desenmascarar el golpe judicial—, hoy también sabemos que aquel momento fue el inicio de la trama Cerdán-Leire. La puesta en marcha del reloj para chantajear a jueces y fiscales y evitar que siguieran con los procesos judiciales, algunos ya en fases de instrucción avanzada y otros aún en fases más incipientes, pero con material importante ya recopilado.
Hoy el PSOE se debate entre el cierre de filas, el miedo a una derrota electoral contundente y la vergüenza de las cosas que se van sabiendo. Pero, como en el Titanic, el barco se hunde y la orquesta continúa tocando.