La Policía Nacional investiga 500 de ciudadanos italianos que habrían obtenido el título Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de manera irregular. Según adelanta El Independiente, los estudiantes se habrían colegiado en España después de obtener la convalidación parcial de sus estudios a través de esta universidad.

La investigación está en manos del Grupo Operativo de Extranjeros II de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 40 de Madrid. A día de hoy, la investigación se encuentra en una fase "incipiente" y se está trabajando para confirmar si las convalidaciones académicas se llevaron a cabo al margen presuntamente del procedimiento legalmente establecido.

Esto abre un nuevo escándalo vinculado a esta universidad, después de las polémicas por el master de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el de la exministra de Sanidad, Carmen Montón, -que dimitió por este motivo- y el del presidente del PP, Pablo Casado.

Los abogados investigados habrían querido colegiarse en el Colegio de Abogados de Madrid, ya que hacerlo en Italia es muy difícil porque hay un número límite de letrados. Así pues, se habrían matriculado en la URJC para evitar, además, cursar el master en Ciencias Jurídicas que se les pide en Italia para ejercer y que vale unos 18.000 euros, el doble de lo que habrían pagado en España.

La policía también ha comprobado que el Colegio de Abogados de Madrid había inscrito numerosos ciudadanos italianos presentando sólo documentos por vía telemática. Después de conseguir el master y la colegiación, ya podían ejercer en toda Europa.

Examenes coincidiendo con partidos del Madrid

Los licenciados italianos habrían hecho viajes relámpago a España para hacer supuestos exámenes en la Rey Juan Carlos, aunque no sabían castellano. Algunos de los viajes, además, se habrían hecho coincidir con partidos de Liga del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, según informa eldiario.es.

El caso se está investigando desde hace más de nueve meses, antes de que estallara el caso Cifuentes, cuando saltaron las alarmas por la solicitud masiva de documentos de identidad para extranjeros por parte de un representante legal de nacionalidad marroquí a la policía.