El abogado Gonzalo Boye tiene la habilidad siempre de observar. La última consideración que ha hecho es sobre la querella que Abogados Cristianos ha aprovechado para presentar contra el ahora exvicepresidente español Pablo Iglesias, ahora que ya no es aforado. En concreto, la denuncia se trata por "omitir el auxilio a las personas mayores de las residencias".
Boye, el abogado del president Carles Puigdemont, ha sacado la siguiente conclusión: "No respetan ni la Semana Santa... Pero ya puestos, ¿para cuándo una de sus querellas por no vacunar en festivo?". La fina ironía que caracteriza a Boye, también demostrada en sus intervenciones como magistrado, ahora la ha transmitido en Twitter.
Una de las últimas preguntas de Boye que también han sido comentadas es cuando le planteó al expresidente español José María Aznar por qué llevaba mascarilla en su declaración por el caso Bárcenas si estaba conectado desde el despacho de su casa.
Tuit de Gonzalo Boye
La denuncia a Iglesias
La Asociación Española de Abogados Cristianos se querella contra Iglesias por omisión "del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus". Además, culpa al líder de Unidas-Podemos, entre otras cosas, de "no tomar medidas a pesar de estar informado de la letalidad del virus".
La organización de juristas considera, además, que Iglesias "podría haber incurrido en un delito de omisión del deber de socorro por su gestión sobre las residencias de personas mayores y otro de desobediencia a la autoridad". Eso último por saltarse la cuarentena, después de que su mujer diera positivo por coronavirus, para acudir a un Consejo de Ministros y a una rueda de prensa.
La querella se ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Collado-Villalba que por turno corresponde ya que, al abandonar el gobierno, Pablo Iglesias ha perdido su condición de aforado. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que "el comportamiento de Iglesias durante su tiempo en el gobierno ha podido costar la vida a miles de personas, y eso no puede quedar impune". Castellanos critica también que "en las residencias no se administraron medicinas para el tratamiento de la enfermedad, sino sedación. Y tampoco les hicieron llegar test, lo que hizo casi imposible frenar el contagio".