El abogado Gonzalo Boye ha desenmascarado al expresidente español José María Aznar cuando este declaraba como testigo en el juicio por la caja B del PP en la Audiencia nacional española. Boye se ha sorprendido del hecho de que Aznar hacía las declaraciones con mascarilla cuando estaba en su casa, y se lo ha reprochado porque abría la sospecha de que podría no estar solo o recibir asesoramiento, una práctica prohibida.

"¿Está solo en el lugar donde está declarando?", ha preguntado Boye. Aznar ha respondido que estaba "absolutamente solo". "¿Entonces cómo lleva una mascarilla si está solo?", ha soltado el abogado. El expresidente ha devuelto la pelota como ha podido. "Yo siempre cumplo todas las normativas sanitarias", ha añadido.

 

En este momento, el juez ha cortado la discusión. El expresidente español ha negado desde tener conocimiento de una supuesta caja B hasta haber recibido sobresueldos o haber ordenado compensaciones económicas. Sólo ha puesto la mano en el fuego por él. El exdirigente del PP ha comparecido con su estilo habitual, fachendoso y desafiante, enfrentándose con los abogados de las acusaciones particulares. Entre ellos Gonzalo Boye, de quien ha subrayado que es abogado del president Carles Puigdemont. Pero también con el resto. "Vengo en condición de testigo, no de tertuliano", ha respondido a sus reiteradas preguntas. Como testigo, de la misma manera que Mariano Rajoy, tiene la obligación de decir la verdad. En caso contrario, podría enfrentarse a consecuencias penales.

Ya al principio de su declaración, el expresidente del PP ha dejado claro que "no conocía ninguna contabilidad paralela" en el partido. "Ni conocía estos papeles, ni los conozco, ni tengo ningún indicio sobre su fundamento ni justificación", ha respondido Aznar a las preguntas reiteradas. De la misma manera, ha asegurado que nunca recibió "ningún sobresueldo" ni autorizó ningún pago extracontable, porque no era su "función" autorizar pagos. "Yo no he conocido nunca ninguna estructura paralela", ha reiterado durante toda la declaración. Sólo tenía constancia de una sola contabilidad, la oficial, que se remitía puntualmente al Tribunal de Cuentas.

El objeto de esta pieza es el pago de la reforma de una parte de la sede del Partido Popular, en la calle Génova 13 de Madrid, con 900.000 euros de dinero negro procedentes de la caja B del partido, donde entraban ingresos irregulares de grandes empresas y también salían sobresueldos a los principales cargos del partido. Una contabilidad paralela que se prolongó, como mínimo, dos décadas. El juicio también busca aclarar si el PP cometió delito fiscal al no declarar las donaciones presuntamente ilegales de empresarios y si Luis Bárcenas, entonces tesorero de la formación, se quedó con una parte de este dinero. Está previsto que el juicio se alargue hasta el mes de mayo.