Íridia y Novacat, dos de las principales entidades del país en materia de defensa de los derechos humanos, han lamentado esta mañana desde el Parlament de Catalunya que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, haya intentado torpedear un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez investigando e imputando Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo en el caso del Tsunami Democràtic. Lo han hecho en una rueda de prensa en que han presentado su informe "No em diguis terrorista quan no ho soc" que analiza la tendencia al alza de las falsas acusaciones por terrorismo por todo el mundo, a través de la criminalización de la protesta y acusando falsamente de terrorismo a los grupos de disidencia. Y este es, precisamente según los expertos, el caso del Tsunami Democràtic, ya que el Estado español no es ajeno a esta tendencia.

De hecho, tal como han denunciado Lucas Gervasoni, director de Novocat, y Anaïs Franquesa, portavoz de Íridia, las acusaciones contra el Tsunami son "delirantes". "El instructor dice que el objetivo era alterar gravemente el orden público mediante la movilización social. No se esconde que lo que se está haciendo es considerar terrorismo la movilización social masiva", ha señalado Franquesa, recordando que los hechos del Aeropuerto del Prat o los cortes de la Junquera eran "acciones para mostrar su rechazo a la sentencia" que condenaba los presos políticos. Por eso, considera que "se estaba ejerciendo un derecho absolutamente básico y ahora se criminaliza con una argumentación delirante", ha lamentado la portavoz de Íridia, subrayando que se pretende responsabilizar a unas personas de lesiones que provocó a la policía e incluso de la muerte de un turista francés el 14 de octubre del 2019 por un infarto en El Prat, recordando que se trató de un suceso accidental. Para Franquesa, el motivo detrás de estas imputaciones e investigaciones claro está: "Intentar interferir en una negociación política para evitar una posible investidura de Pedro Sánchez". En definitiva, se trata de la "injerencia del poder judicial al legislativo", un hecho que la portavoz ha tildado muy graves y que reflejan un carácter autoritario de la judicatura española".

Acusaciones que quedan en nada

Por su parte, Luca Gervasoni ha explicado que la estrategia que siguen los "estados represores" varía de uno al otro, pero que donde más se utilizan este tipo de tácticas es en Israel y Palestina, Egipto y Turquía. Aunque España no encabeza estos rankings, en el Estado también se trata de una tendencia al alza, como demuestra el caso del Tsunami ahora, pero también el hecho de la detención de Tamara Carrasco en el 2018, y que no solo afecta al entorno político, sino que se ha extendido también a artistas y movimientos ecologistas. "A menudo las acusaciones quedan en nada y estas personas acaban siendo absueltas, pero siempre queda un enorme estigma social sobre las que han sido acusadas y un daño a los movimientos a los cuales pertenecían, creando miedo y limitando sus acciones," ha lamentado al director de Novoct. Esta rueda de prensa ha tenido lugar después de una reunión de las dos entidades con los grupos parlamentarios de ERC, la CUP-NCG y en Común Podemos en el Parlamento. Gervasoni ha explicado que el encuentro de este miércoles se enmarca en la primera edición de la cimera 'The Nonviolence Factory' de la región EuroMediterrània.