José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) no se corta. Este magistrado emérito del Tribunal Supremo y Premio Nacional de Derechos Humanos en 2006, considera que “una forma racional de afrontar el problema [de la investidura de Carles Puigdemont] sería llevarlo ante el juez y que allí [se decida] la puesta en libertad”. Lo contrario “sería incompatible con el Estado de derecho, la separación de poderes y la Constitución”.

En una entrevista al diario madrileño El Mundo, Martín Pallín considera también “rocambolesco” y “anómalo” que Puigdemont “tome posesión y luego vuelva a la cárcel”. E insiste: “O se soluciona por la vía política, constitucional y de diálogo, o no hay solución”.

“Si convierten la detención en un espectáculo internacional, el conflicto se agravaría sin necesidad. Ese principio de autoridad sería otra muestra más de los restos del franquismo, incompatibles con una democracia solvente”, explica.

Sin visos de delito

El magistrado emérito, uno de los mejores juristas de su generación, rechaza las calificaciones del fiscal, aceptadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. “Es una equivocación total porque no hay visos de delitos de rebelión, ni de sedición, ni siquiera de malversación...”, por lo que “para la prisión preventiva no concurre ninguno de los requisitos”. Esas cautelares, la prisión incondicional, “son excesivas”, afirma tajante.

Su razonamiento es que “el principio general es la libertad. ¿Qué peligro social encierra un político como [Puigdemont]?”. Por eso no entiende la actuación de la justicia contra el Govern y la Mesa del Parlament. “Es como si hubiese que abjurar de las ideas para no molestar. Suena a resabio inquisitorial”.

En este sentido, Pallín explica que “los independentistas no engañaron a nadie. Avisaron de sus intenciones desde 2015 y así lo reconoce el Constitucional. Que se gasten dinero en unas urnas puede gustar más o menos, pero lo advirtieron previamente y no parece delito. Tampoco lo es que se subvencione la Fundación Francisco Franco, aunque si yo fuese político eliminaría las subvenciones públicas que recibe. Por eso, cuando se habla de conspiración debemos ser más cautos”.

Para el magistrado emérito, “el conflicto jurídico, político y constitucional” debió terminar con la anulación por el Constitucional de las sesiones del Parlament. “Alguien deberá explicar algún día qué sucedió; y dar la cara por las sanciones penales impuestas a los exmiembros del Govern”, prosigue, en alusión a la Audiencia Nacional, el Supremo y el propio gobierno español.

Incapacidad de diálogo

Pallín es ponderado en sus críticas. Insiste en su patriotismo y advierte que no tolerará que nadie le llame “antiespañol” por no plegarse al presente estado de cosas. Políticamente, apuesta por el federalismo, y concede que ya no está tan seguro de que deba celebrarse ahora mismo un referéndum de autodeterminación.

El “constitucionalismo” del gobierno español y de los tres partidos que se atribuyen ese calificativo “los llamaría jíbaroconstitucionalistas, porque solo manejan un artículo de la Constitución, el segundo [La indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible]. Los grandes valores de la Constitución (justicia, pluralismo, libertad, la dignidad de la persona, el respeto y demás) no les interesan. Así que si tienes reticencias al artículo 2, pero crees en los otros, te expulsan de la Constitución”.

Advierte también que “la mayor parte de la opinión pública, empezando por los medios más serios de Europa y los políticos de los gobiernos extranjeros, democráticos y modernos, no alcanzan a comprender la incapacidad de diálogo por parte de nuestro gobierno central. Es un dato evidente”.

Las elecciones del 21-D, agrega Martín Pallín, “se celebraron en circunstancias anómalas […] bajo una especie de estado de excepción (que figure también en cursiva) derivado del artículo 155, con candidatos en la cárcel sin base legal. Invito a cualquier observador político que encuentre una situación similar en alguno de los países que conforman el núcleo duro que consolidó la UE. Si los jueces no reflexionan sobre los valores de la participación política y la libertad, quizá nos encontremos con otra nueva anomalía que asombraría a todo nuestro entorno político”.

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