Según informa hoy el diario El Español, el objetivo del Gobierno español al imponer un control exhaustivo de las cuentas de la Generalitat es presionar a los funcionarios. De esta forma, espera que sean los trabajadores de la Generalitat los que se enfrenten al Govern. Con esta medida el gobierno del PP intenta que los funcionarios no puedan alegar posteriormente que no sabían que desobedecían la ley. Madrid, según esta fuente, estaría decidido a aplicar responsabilidades penales y sanciones a aquellos funcionarios que no cumplan la orden de intervención.

La medida va destinada especialmente a todos aquellos que tendrán que certificar las cuentas de la Generalitat: la interventora general, los interventores de las trece conselleries, los responsables económicos de las entidades donde no haya intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.

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