El Departamento de Interior mantendrá en activo los seis mossos de escuadra investigados por la agresión racista ocurrida en Sant Feliu Sassera (Bages), a pesar de la propuesta aprobada este viernes por el pleno del Parlament que insta a apartarlos del servicio.
Según ha informado en Efe un portavoz de la conselleria, de momento se descarta acordar la suspensión de empleo y sueldo de los agentes imputados por evitar imponer una "medida irreversible" a cuatro agentes inocentes, dado que todavía no se ha podido discernir quiénes son los dos autores de la agresión racista. El mismo portavoz del Departamento ha añadido que no se puede imponer una medida de máximos por motivaciones políticas o de imagen pública en agentes que podrían acabar exculpados, sino que se tiene que actuar con extremo rigor contra los dos autores de la agresión.
Después de recordar que los seis agentes investigados por la justicia se los ha cambiado de destinación para evitar que sigan trabajando en equipo, el portavoz de la conselleria ha cuestionado que el Parlament pueda pronunciarse sobre medidas de régimen laboral de un trabajador público que están reguladas legalmente.
Caso omiso al Parlament
Así pues, la conselleria de Interior hace caso omiso de la propuesta de resolución impulsada por la CUP que el pleno del Parlament ha aprobado con los votos de los comuns y ERC, la oposición de Ciudadanos y la abstención de JxCat -espacio al cual pertenece el conseller de Interior-, PPC y PSC-Units.
La iniciativa cupaire aprobada este viernes en el Parlament insta el gobierno catalán a "suspender de empleo y sueldo a los seis agentes de los Mossos d'Esquadra implicados en la agresión racista del Bages, tal como permite el reglamento disciplinario, que prevé explícitamente la posibilidad de suspender un agente mientras está pendiente de resolución de un juicio".
Los cupaires también han conseguido que el pleno acuerde la creación de una comisión de investigación para analizar los mecanismos internos de "control, evaluación y corrección" de la policía catalana, así como "la posibilidad de implementar mecanismos independientes de control y fiscalización de las actuaciones policiales".