Fuera de situaciones de guerra, los militares tienen que ser juzgados por tribunales ordinarios. Este es el objetivo de la iniciativa legislativa que ha presentado ERC este viernes en el Congreso de los Diputados, acompañado de exmilitares republicanos. Es la primera iniciativa en España para acabar con la jurisdicción militar, y pretende teminar con la "casi impunidad" de los militares en delitos como el acoso, las agresiones sexuales o la corrupción. "No se paga por los delitos que se cometen en el ámbito militar", ha lamentado el exteniente Luis Gonzalo Segura.

Según explican desde Esquerra, el objetivo es "modificar la competencia de la jurisdicción militar y el Código Penal para restringirla a situaciones de guerra, conflicto armado internacional o estado de sitio, adecuando la justicia militar española a los estándares recomendados por las Naciones Unidas". Eso exigiría modificaciones en la ley orgánica de la competencia y organización de la jurisdicción militar y también del Código Penal Militar.

Los republicanos ponen el foco en tres disfunciones. En primer lugar, la impunidad en acoso, abusos y agresiones sexuales a las mujeres en las Fuerzas Armadas. Según sus datos, entre 2016 y 2018 se produjeron 90 denuncias de naturaleza sexual en espacio militar, de las cuales sólo una ha acabado en condena. Si la condena es inferior a tres años, incluso pueden seguir en el Ejército. En segundo lugar, las "condenas por corrupción sin expulsiones". Ningún coronel ni general ha sido expulsado en los últimos 19 años por corrupción, a pesar de los numerosos casos. Finalmente, se fijan en los "siniestros mortales sin condenas" por explosivos, aeronaves o vehículos en mal estado. Sólo por vehículos en mal estado ha habido más de 40 muertos, según los datos recopilados.

 

El grupo de ERC justifica la necesidad de eliminar la jurisdicción militar en la falta de independencia e imparcialidad. En los juzgados militares uno de los tres magistrados ni siquiera es jurista, sino un militar designado. En la sala de lo militar del Tribunal Supremo, una parte de los integrantes son escogidos por el Ministerio de Defensa. También denuncian que un mismo delito puede tener consecuencias diferentes "en función del lugar donde se produzca y el trabajo de los implicados".

Por otra parte, también señalan que se trata de un "anacronismo" a nivel europeo, ya que Alemania restringió la jurisdicción militar en 1949 y Francia en 1982. También lo han hecho países como Holanda, Bélgica o Noruega. "España lleva más de 70 años de retraso respecto de Alemania y casi 50 respecto de Francia", avisan.

Condenado por 28 agresiones sexuales y condecorado

El exteniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura, ha participado de la presentación de la iniciativa, que ha calificado de "histórica" porque podría permitir "acabar con una anomalía en Europa". Ha defendido que España debería tener "una justicia única para todos los ciudadanos". Ha puesto el ejemplo de un militar que fue condenado por 28 agresiones sexuales, que cumplió tres años de prisión, que fue condecorado posteriormente y que después pudo continuar en las Fuerzas Armadas españolas. Segura ha constatado que incluso "militares que votan Vox están agradecidos con ERC" por la iniciativa que pone fin a una anomalía.

Segura, también miembro del colectivo de militares republicanos ANEMOI, se ha mostrado escéptico sobre si la iniciativa podrá salir adelante, después de que no haya conseguido ponerse en contacto con el PSOE. No obstante, ha considerado impensable que ni los socialistas ni Unidas Podemos —con quien sí que ha mantenido contactos— se opusieran a esta reforma de la jurisdicción militar. Recuerda que entre sus filas está la exmilitar Zaida Cantera, que se dio de baja del Ejército después de relatar situaciones de acoso sexual.