La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, vuelve a mover pieza en el recurso ante el Supremo contra la inhabilitación a que fue condenado por el TSJC. El jefe del ejecutivo catalán ha pedido no solo la abstención en el caso del juez Miguel Colmenero, que ya había anunciado que se apartaba de la causa a raíz de su vinculación con la Junta Electoral Central, sino que ha presentado también la recusación contra diez magistrados del Supremo que han estado vinculados a causas del 1-O, entre los cuales Manuel Marchena, que presidió el juicio en que fueron condenados los líderes del procés.

Además, en el caso de Marchena, también pide su abstención ante las "dudas" que se plantean sobre su "imparcialidad" a raíz del hecho que el Supremo "alterando el orden de los señalamientos" anunció que la vista por el recurso de Torra se verá el 17 de septiembre. El texto atribuye este hecho a una orden "concreta y específica" de Marchena.

Con él, Torra pide la recusación de los otros jueces que formaron parte del tribunal que encausó a los líderes del procés, como Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer, así como el juez instructor de aquel caso, Pablo Llarena, y la juzga Carmen Lamela.

En todos les responsabiliza de haber participado en la detención arbitraria de los responsables políticos del referéndum, según ha considerado el grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, y contra las cuales se ha pronunciado Torra. Es precisamente en protesta contra estas detenciones que se colgó el lazo amarillo en el balcón de la Generalitat que la JEC ordenó descolgar, recuerdan en sus alegaciones los abogados de Torra, Isabel Elbal i Gonzalo Boye.

Por esta razón, se argumenta que ninguno de los magistrados que participó en estas detenciones o las confirmaron presentan la "necesaria imparcialidad objetiva" para ver este caso.

 

Por la misma razón, se pide que quede apartado el magistrado Julián Sánchez Melgar, que como fiscal general del Estado solicitó el encarcelamiento de los líderes del procés, así como Vicente Magro y Eduardo Porres Ortiz, que como vocal de la JEC ha participado en casos vinculados al conflicto que se planteó entre este órgano y el president de la Generalitat.

Para argumentar la necesidad de esta recusación, sitúa como precedente que la magistrada Ana María Ferrer, como miembro de la JEC se abstuvo en las deliberaciones de este órgano relacionadas con el procés mientras participaba en el juicio del 1-O.

Aparte de las recusaciones, se reclaman al Supremo explicaciones sobre los criterios generales en que se basan las decisiones sobre el señalamiento de las vistas, y en concreto sobre la anunciada vista del día 17 de septiembre prevista para el recurso de Torra.

En este punto pide explicaciones sobre el estado de los casos pendientes de los años 2018, 19 y 20. Todo ello acompañado con testificales del presidente de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y la jefa de la oficina de prensa.

 

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