El Gobierno se muestra indignado por el papel adoptado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, cuando el domingo –después de que Carles Puigdemont fuera detenido en Alemania– aprovechó su poder y los altercados minoritarios en algunas zonas de Catalunya para hacer un discurso institucional, donde desautorizó a la justicia con que "ningún juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes". La crítica es en fondo, pues ninguna persona podría sustraerse a la acción judicial, y en forma, pues no ven decorosa esa actitud por parte de una máxima autoridad.

En concreto, fuentes cercanas a Mariano Rajoy le responden que "ningún tribunal ha quitado sus derechos políticos" a Puigdemont, Jordi Turull o Jordi Sànchez, en alusión al pleno de este miércoles en la Cámara catalana, convocado para legitimar el derecho a ser invertidos. El apunte de la Moncloa es que esos diputados se pudieron presentar a los comicios del 21-D y resultar elegidos, por tanto ejercieron su derecho al sufragio pasivo, pero recuerdan que la privación de libertad es una medida cautelar dentro de la investigación de la causa del 1-O, así como la euroorden de detención.

La cuestión es que en el Ejecutivo afean a Torrent que se "extralimite" en funciones, según dijo la presidenta Soraya Sáenz de Santamaría el lunes. Esta le exigió un papel institucional, que no pasaría por hacer discursos con los que "atender" solo a "sus seguidores" independentistas, ni tampoco por desautorizar a otra autoridad del Estado, como es la justicia –según lamentan las fuentes consultadas. Por eso, la vicepresidenta le recordó que su tarea es hacer la ronda de contactos para proponer un candidato a la investidura "dentro de la ley y fuera de cárcel".

Más allá de esto, la situación del juez que instruye el caso del 1-O preocupa y el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, garantizó que ofrecería protección a él y a su familia, como consecuencia de los "insultos y amenazas" que recibió vía tuit de un particular anónimo en las redes sociales. "Es gravísimo, es un atentado contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas por mandato constitucional, que son servidores de lo público", dijo Zoido. "Nos dedicaremos a la protección de determinadas instituciones", zanjó, tal y como le pidió la Fiscalía Superior de Cataluña

Sin embargo, en el Gobierno esperan que el pleno de este miércoles –que empezará a las 10 h y pretende avalar los derechos políticos de Puigdemont, Sànchez y Turull– sea "en positivo" tal y como pedía el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa de este martes. De Vigo recordaba que el Parlament es soberano, pero avisaba de las consecuencias penales observadas, para aquellos que se salten la legalidad. "No empecinarse en errores del pasado", exponía De Vigo, sobre intentar una investidura a distancia de cualquier candidato, posibilidad vetada por el Tribunal Constitucional.

El hecho es que fuentes próximas a Rajoy esperan, por tanto, que el pleno sea "simbólico", de modo que no se prevé recurso de inconstitucionalidad alguno, o impugnación. De hecho, este tampoco fue posible cuando la Cámara catalana declaró a Puigdemont como "president legítimo", porque se trataba de una declaración política, pese a que hasta último momento mantuvieron la hipótesis sobre que la Abogacía del Estado dictase si se podían emprender medidas legales.

Igualmente, las fuentes cercanas a Rajoy le quitan hierro a la demanda por "vulneración de derechos" del cabeza de lista de Junts per Catalunya, aceptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al considerar que "no es vinculante", de forma que el juez Pablo Llarena no tendría por qué oír que le pidan medidas cautelares para investir a Sànchez, asimismo. "Es un comité, no un órgano jurisdiccional. Ahora realizará una comunicación a España, y el Estado tiene seis meses para responder", expuso De Vigo, insistiendo sobre la situación de "huido" de la justicia de Puigdemont, como argumento en contra.