Los presos políticos ya están en libertad, pero todavía falta mucho más para el independentismo. Y más todavía después del demoledor informe aprobado el lunes por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que pedía la libertad de los presos pero también la retirada de las órdenes europeas de detención contra los exiliados. En este contexto, ERC, Junts per Catalunya, el PDeCAT y la CUP han registrado hoy la petición de comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que "explique cómo piensa materializar las demandas recogidas en el informe aprobado este lunes por el Consejo de Europa". La petición previsiblemente quedará bloqueada por el PSOE.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debatió y aprobó este lunes un informe que impugna de facto todo el juicio del procés en el Tribunal Supremo. A pesar de las maniobras de los grupos parlamentarios españoles, la resolución aprobada reclama la puesta en libertad de los presos políticos y el fin de la persecución de los exiliados, con la retirada de las órdenes europeas de detención. Ha sido la primera valoración política del juicio que se aborda en profundidad en una institución de ámbito europeo, tan importante que las asociaciones de jueces españoles se han puesto nerviosas. Esta moción se suma al posicionamiento de otros organismos, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, y entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional.
En paralelo, el juicio y la sentencia del 1-O en el Tribunal Supremo ya han llegado a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De momento ya han acudido Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Jordi Turull. Y lo han hecho con un buen argumento a favor para enmendar la plana al juez Manuel Marchena. Es el voto particular que emitieron dos magistrados del Tribunal Constitucional. En el texto se pueden leer expresiones como "vulneración del derecho de reunión, de libertad personal, a la libertad ideológica", "severa respuesta penal", "sanción desproporcionada" o "indeseado efecto descorazonador".
La mala imagen de España
En La Moncloa había preocupación por la imagen de España por el hecho de tener presos. El mismo día que se concedió la medida de gracia, con un gran despliegue argumental, fuentes del Gobierno señalaban que, si bien son graves los hechos de octubre del 2017, también recordaban que ya habían cumplido más de tres años y medio de prisión. En este sentido, subrayaban que es "muy excepcional" que haya líderes políticos encarcelados con estas penas tan elevadas. Esto, admitían, "suponía que no se entendiera bien en Europa y el resto del mundo".