La ley de amnistía ni siquiera se ha podido debatir en el Congreso de los Diputados. La pinza del PSOE, el PP y Vox impidió incluso que se tramitara a la Mesa del Congreso de los Diputados, aferrándose a un informe de los letrados de la cámara. A pesar de todo, los partidos independentistas agotan todas las instancias. Después de pedir estos documentos de los servicios jurídicos, ERC, Junts, el PDeCAT y la CUP han registrado una petición de reconsideración contra el veto a la tramitación. Consideran que "supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión y una discriminación ideológica de los diputados y diputadas de la cámara".

En su informe, los letrados del Congreso argumentaban que la ley de amnistía no tiene cabida constitucional, porque sería el equivalente a un "indulto general", prohibido expresamente por la Carta Magna. Pero los partidos independentistas rebaten este argumento: "La institución de la amnistía es diferente a la del indulto, puesto que la primera tiene su legitimidad en las Cortes y se tramita de forma legislativa, y la segunda depende del gobierno y sólo puede ser de forma individual".

 

Acto seguido, el recurso argumenta que la Constitución española "no prohíbe la amnistía en ningún apartado y de hecho mantiene vigente la ley de amnistía de 1977", posterior a la dictadura franquista. En este sentido, los partidos recuerdan cómo el Tribunal Supremo ha mantenido la ley de amnistía, sin cuestionar ni siquiera la constitucionalidad y avalando "su plena vigencia y, en consecuencia, su perfecto encaje dentro del ordenamiento constitucional español".

"Alegar ahora que la institución de la amnistía es inconstitucional supondría una situación de agravio comparativo", denuncia el recurso de reconsideración. "La decisión de impedir el debate parlamentario sobre la actual proposición de ley de amnistía supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión y una discriminación ideológica de los diputados y diputadas de la cámara", insisten en esta línea. Por todo eso, reclaman que la Mesa reconsidere su inadmisión a trámite y se pueda debatir. La decisión recaerá nuevamente en la Mesa, en la pinza del PSOE, el PP y Vox.

El informe de los letrados

En su informe, los servicios jurídicos del Congreso planteaban "comunicar a los grupos parlamentarios autores de la iniciativa que no procede la admisión a trámite, en la medida en que, de un examen preliminar, se desprende que la iniciativa, al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme, entraría en una contradicción palmaria y evidente con el artículo 62 de la Constitución".

El artículo 62.1 de la Constitución española establece que corresponde al Rey "ejercer el derecho de gracia de acuerdo con la ley, que no podrá autorizar indultos generales."

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat