La exposición de motivos es cada vez más larga. Porque cada vez hay más motivos. Hoy, el independentismo ha vuelto a reclamar que el Congreso de los Diputados investigue los tejemanejes del rey emérito Juan Carlos I, fugado en los Emiratos Árabes. La petición de comisión de investigación la han registrado, este lunes, los grupos de ERC, Junts per Catalunya, el PDeCAT, la CUP, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromis. Previsiblemente será tumbada, una vez más, por la pinza del PSOE, el PP y la extrema derecha de Vox en la Mesa de la cámara baja.

De hecho, se trata de una comisión prácticamente idéntica a la registrada el pasado mes de marzo, centrada en las "ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí". Pero la iniciativa ha sido actualizada con las informaciones recientes según las cuales el emérito habría dispuesto de una cuenta bancaria en Andorra donde habría llegado a tener diez millones de euros. Juan Carlos I controlaba esta cuenta a través de una sociedad instrumental dirigida por testaferros, Stream SA, que se disolvió oficialmente el pasado 4 de mayo. Ahora que se ha hecho este hallazgo, quedan en entredicho sus dos regularizaciones fiscales. Estas supuestas irregularidades se suman a todo el resto.

 

Los impulsores de la iniciativa sostienen en el documento que "más allá de posibles responsabilidades legales y/o penales, el poder legislativo tiene la obligación de investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que considere oportunas para fiscalizar la actuación de la Familia Real y de personas vinculadas para evitar que se puedan cometer actuaciones ilegales y/o ilícitas aprovechando la situación privilegiada que ocupan".

Como ya ha pasado en las anteriores ocasiones, y aunque este año llegó a recibir el aval de los letrados del Congreso, la comisión de investigación volverá a chocar previsiblemente con el muro infranqueable de la Mesa del parlamento. En todas las peticiones previas, el PSOE ha acabado uniendo sus votos en los del PP y Vox para inadmitir todas las iniciativas en este sentido. También cuando han contado con el visto bueno de los servicios jurídicos.