Un Juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso directamente implicados en la gestión de las residencias durante la primera oleada de la pandemia en la Comunidad de Madrid. En concreto, el juzgado de instrucción número 6 ha llamado como investigados (antes imputados) a algunos de los autores de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron que las personas mayores que vivían en las residencias fueran derivadas en los hospitales. Entre los imputados en este procedimiento se encuentran los autores de estos protocolos, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; el entonces director del SUMA 112, Pablo Busca; y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina, según ha informado este viernes en un comunicado Marea de Residencias.

El primer procedimiento

El pasado lunes, el juzgado de instrucción número 3 de Madrid imputó por primera vez a dos altos cargos y a un asesor de Ayuso. Se trata de Carlos Mur, que era el director de Coordinación Sociosanitaria en marzo del 2020 y firmante de los protocolos de la vergüenza; Martínez Peromingo, que era coordinador del protocolo técnico y después sustituto de Mur en el cargo, y Antonio Burqueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid y responsable de elaborar el plan de choque anunciado por el gobierno de Ayuso. Los tres comparecieron en el Juzgado número 3 de Madrid como investigados, pero la declaración fue suspendida, ya que los investigados alegaron que no se les había dado traslado de las actuaciones y no podían defenderse. Después de cinco años, era la primera vez que iban a declarar como imputados altos cargos del Gobierno de Ayuso. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial después de la denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por parte de 109 familias de muertos en las residencias, agrupados bajo las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.

Una querella de dos familiares de residentes

El procedimiento de que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. Las dos causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Poco a poco, los juzgados van actuando, y van citando como investigados a los autores de los protocolos de la vergüenza, tal como esperaban a los familiares de los muertos en las residencias de personas mayores en la primera oleada de la pandemia. Además del procedimiento judicial abierto por la denuncia colectiva, otros familiares de residentes presentaron directamente querellas en los Juzgados, también por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, como es el caso del procedimiento de Leganés. En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Hay más procedimientos pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, después de los recursos presentados por los denunciantes o querellantes cuando los juzgados de instrucción rechazaron investigar los hechos denunciados. El resto de Juzgados todavía tienen que pronunciarse. La defensa jurídica de denunciantes y querellantes la realiza un equipo de tres abogados, Carlos Castillo, Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz.

Más investigados que en el juzgado de Madrid

En el procedimiento de Leganés hay más investigados, ya que además de Mur y Martínez Peromingo, el juzgado cita también a quien fue responsable del SUMMA 112, Pablo Busca, porque las familias consideran que las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo que se diseñó desde la Consejería de Sanidad madrileña, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos, y solo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace del hospital de referencia. Y también cita, por primera vez, a la geriatra del hospital público Severo Ochoa de Leganés, María Jesús Molina, la geriatra de enlace, que era la figura que crearon desde el Gobierno regional para decidir sobre las derivaciones. Todos han sido citados para el próximo 17 de junio.

Reyero y Abarca Cidón, testigos clave

Antes, el 3 de junio, están citados como testigos en este caso Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y quien desde el primer momento denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias, y advirtió que las personas mayores iban a morir de manera indigna. También declarará Juan Abarca Cidón, responsable del grupo de hospitales privados HM Hospitales, y el asesor sanitario que contrató la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, que ya es investigado en el juzgado número 3 de Madrid.

Marea de Residencias y 7291: verdad y justicia

Desde las asociaciones en las cuales están agrupadas las familias, Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, esperan que los que van como testigos, que tienen la obligación de decir la verdad, “aporten todos los datos y documentos de los cuales dispongan y ayuden así al hecho a que se conozca la verdad y se haga justicia con las 7.291 personas que murieron en las residencias a en marzo y abril de 2020 sin ser trasladadas en un hospital”, señalan en el comunicado. Las dos asociaciones consideran especialmente relevantes las declaraciones de Reyero, “porque podrá explicar de primera mano cómo fueron desatendidas todas sus peticiones para ayudar a los residentes enfermos. Abarca Cidón podrá aportar datos clave para demostrar que la Consejería de Sanidad solo envió a los hospitales privados a los residentes que tenían seguro médico privado. Burgueño, por su parte, elaboró un plan de lucha contra la covid que contemplaba la medicalización de las residencias y que no fue puesto en práctica”.