Un nuevo (presunto) caso de corrupción vuelve a salpicar al Partido Popular. Se trata del diputado balear y concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Álvaro Gijón, acusado de crear una policía afín al partido que tenía como objetivo ofrecer un trato de favor a algunos empresarios, mientras perjudicaba a otros.

El juez Manuel Penalva, que investiga el sumario sobre la corrupción a la policía local de Palma, ha decidido citar Gijón el próximo 9 de septiembre para interrogarlo en calidad de investigado, de acuerdo con lo que había pedido al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán a raíz de unas respuestas que dio en su declaración José María Rodríguez, presidente del PP en la capital mallorquina hasta este mes de julio.

La sospecha se basa en la creación de una unidad de Grupos de Acción Preventiva (GAP) el año 2006, en la que empezaron a trabajar diferentes agentes captados por un hombre de confianza de Rodríguez, Daniel Montesinos, todos procedentes de la policía local de Manacor.

Afiliarse al PP

El punto fuerte de la cuestión es que Montesinos habría pedido a estos agentes que se afiliaran al PP y es aquí donde entra la figura del diputado balear del PP. Las sospechas se basan en que Gijón podría haber utilizado a estos agentes para proporcionar servicios de seguridad gratuitos en los locales de diferentes empresarios.

Y no sólo eso. El expresidente del partido en Palma, que negó delante de los fiscales estas acusaciones, apuntó directamente a Gijón como el autor de la idea de de crear el GAP cuando era concejal de Seguridad Ciudadana. Subirán consideró, entonces, que esta unidad policial había sido creada con "arbitrariedad para atender intereses puramente privados de partido y empresariales" y, por eso, pidió encausarlo.

Falsear pruebas

La cosa, sin embargo, no acaba aquí. Los fiscales también acusan tanto Gijón como Rodríguez de falsear pruebas para conseguir que funcionarios policiales de su confianza ascendieran de cargos. El motivo de sospecha es que estos agentes ya fardaban de sus ascensos antes de hacer las pruebas y, además, se sabe que se les filtró las preguntas de, como mínimo, un examen.

El consistorio, gobernado por las izquierdas, ya ha pedido la destitución del concejal, después de que lo hicieran los dos fiscales anticorrupción.