El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido por la Guardia Civil en la operación contra la corrupción en la empresa pública de aguas Canal de Isabell II de Madrid. La investigación policial ha recibido el nombre de Operación Lezo.

González estaría acusado de compra de empresas fraudulentas en el extranjero, malversación, blanqueo de capitales y financiación irregular.

El resto de los detenidos ocupan cargos en la presidencia y administración de la empresa pública de aguas y se les acusa de comprar empresas fraudulentas que no tenían el valor que pagaban y administración desleal.

El origen del caso

El mismo Consejo de Administración de Canal de Isabel II, que tenía una fuerte representación fiel a Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, llevó ante la Fiscalía una de las operaciones más polémicas de la empresa pública: la compra de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construccoes por un precio superior al valor real.

El que fue presidente de Inassa, filial de Canal Isabel II en Colombia, Edmundo Rodríguez Sobrino, tenía fuertes vínculos con el expresidente de la Comunidad de Madrid y fue destituido el año 2016 por Cristina Cifuentes después de que su nombre apareciese en los Papeles de Panamá. El expresidente de Inassa y el expresidente de la Comunidad de Madrid ya viajaron juntos a Cartagena de Indias y Bogotá, y el caso acabó en los juzgados después de que se hiciera público que habían sido espiados.

La polémica operación también se pudo realizar gracias a un entramado financiero cuando Ignacio González ostentaba el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid y Salvador Victoria, su mano derecha, era presidente de la empresa de aguas.

Según un informe presentado a la Assamblea de Madrid por Podemos, Ciudadanos y PSOE la empresa Emissao fue comprada por 21,4 millones de euros y un mes después su patrimonio era de 10 millones, mientras que un año más tarde era de 5. En el informe, Podemos cifra la compra en 35 millones.

Se esperan más detenciones y cerca de treinta registros por los presuntos delitos de malversación y blanqueo de capitales.

La operación la lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

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