El whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, revela no solo los tejemanejes entre los partidos para controlar el Tribunal Supremo con un intercambio de cromos que deja por los suelos la tan cacareada división de poderes, sino también deja muy claro el interés por tutelar específicamente aquellas salas del Alto Tribunal donde se dirimen casos de naturaleza claramente política y por lo tanto da pistas de la posible estrategia del PP contra el independentismo.

Así, no es nada gratuito que Cosidó hable de controlar las salas número 2 y número 61 del Tribunal Supremo, porque si la primera es la que se encarga de la causa general contra el independentismo, la segunda también tiene un alto componente estratégico: es la que se encarga de los procesos de ilegalización de partidos políticos y la que, por lo tanto, se ha ocupado en los últimos años del proceso de ilegalización de Batasuna y las formaciones que se consideraron herederas suyas.

El runrún de la ilegalización

El afán de Cosidó por controlar la mencionada sala no es nada ajeno a un runrún continuo generado desde el Partido Popular, al cual de momento solo se han sumado Ciudadanos y los extraparlamentarios de Vox, y en el que de forma insistente se pide que se abra un proceso de ilegalización de partidos independentistas con el argumento de que apoyan la violencia. Un hecho que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

De hecho, desde el Partido Popular, ya antes de la llegada al poder de Pablo Casado, se ha pedido mano dura contra el independentismo pidiendo la ilegalización de partidos. En junio ya lo pedía la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, que afirmó que se les tenía que poner fuera de la ley en caso de que actuaran "con finalidades y medios ilícitos", un mensaje en el que también insistía el actual líder popular cuando todavía era vicesecretario de comunicación: "La independencia no es positiva y tenemos que plantear hasta qué punto tenemos que limitar los proyectos rupturistas y ruinosos para la nación y para las comunidades autónomas", afirmó en octubre ante la posibilidad de prohibir partidos favorables a la independencia.

Por su parte, Ciudadanos también se ha mostrado dispuesto a debatir sobre la aplicación de la ley de partidos, cuando menos para aplicarla a la CUP. Con todo, la estrategia del partido de Albert Rivera pasa principalmente por la modificación de la ley electoral con la explícita intención de echar al independentismo del Congreso de los Diputados fijando un mínimo de votos a nivel estatal y no por circunscripción. Es decir, propone modificar la legislación con la finalidad de privar de su derechos políticos a una parte de la población.

Exposición mediática

En este sentido, la diferencia en la exposición mediática de los últimos incidentes con raíz política, en que los casos relacionados con una autoría independentista se hacen públicos hasta el infinito mientras que los que tienen como víctimas independentistas se minimizan, permite que se mantenga viva la posibilidad de la ilegalización. De hecho, el viernes pasado Pablo Casado exigió la ilegalización de Arran -que es una organización política, pero que no se presenta como tal a las elecciones- a partir del efecto mediático de la acción vandálica contra la puerta de la vivienda del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y la fachada de una comisaría de Terrassa.

Como pasó al inicio de la causa contra la cúpula independentista, cuando se detectaron sospechosas coincidencias de lenguaje entre el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y las primeras actuaciones contra Jordi Cuixart y Jordi Sánchez -los líderes de las entidades civiles Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana-, cuando la palabra "tumultuario" empezó a sonar de forma repetida, ahora el nuevo mantra es la ilegalización, que iría dirigida contra partidos independentistas que habrían hecho uso de la violencia, mientras que nunca se ha hecho ninguna alusión a partidos no independentistas que también han protagonizado incidentes en Catalunya en los últimos meses.

Visto todo eso, que Cosidó se jacte de controlar la sala 61 del Tribunal Supremo, además de evidenciar una vez más cómo el poder político mueve los hilos de las decisiones judiciales, también levanta todas las sospechas imaginables sobre las intenciones futuras de un Partido Popular desbocado que pide, día sí y día también, la ilegalización de los partidos políticos que no comulgan con la idea de la unidad de España.