Dietas "desproporcionadas", compras online de libros (algunos de autoayuda) y camisetas en Amazon, habitaciones de hoteles, pago de multas, gasolina y colegios profesionales, el desembolso fraccionado de 45.000 euros por un presunto falso despido de uno de los de los concejales imputados y falsificación de documentos. Estas son algunas de las cosas que, según ha adelantado El Periódico, la justicia investiga sobre el presunto caso de corrupción en el Consejo Deportivo de l'Hospitalet, en el cual está imputada la alcaldesa y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín (PSC), detenida la semana pasada.

La jueza que investiga el caso sostiene que podría existir un "sistema de contabilidad oculto" que hubiera llevado a un "enriquecimiento injusto y, a la vez, perjuicio patrimonial considerable" en esta entidad privada subvencionada por el mismo Ayuntamiento y la Generalitat. La defensa, sin embargo, lo niega y sólo ha admitido "errores" de gestión a la hora de aprobar las cuentas anuales.

Todo empezó con la denuncia a la policía española del exteniente de alcalde de Educación, Jaume Graells (PSC), la cual acabó comportando la detención del segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar (PSC), el exconcejal de Deportes Cristóbal Plaza (PSC), el director de la entidad, Eduard Gali, el secretario de Deporte del Govern, Gerard Figueras, y la misma Marín. Fue la alcaldesa que en rueda de prensa soltó que el motivo de la denuncia podría ser una venganza personal.

Medio millón de euros, sin control

El caso es que Graells denunció a la policía que si el presupuesto de la entidad podía llegar a los 800.000 euros (la jueza estipula 900.000), el presupuesto entregado a la asamblea ordinaria del Consejo del 2019 sólo fue de 419.000. Es esta diferencia de medio millón de euros la que se podría estar utilizando, según los investigadores, para estos gastos ilegales a través de una caja B.

Sin embargo, los concejales imputados han explicado a la jueza que los 400.000 euros que se comunican en el ayuntamiento corresponden a un presupuesto parcial de las actividades subvencionadas por el consistorio, mientras que los 900.000 euros que se notifican a la Generalitat son el importe total al cierre del ejercicio anual.

Las fuentes consultadas por el rotativo aseguran que el problema de la explicación de los investigados es que desde hace dos años el Consejo sólo aprueba la primera partida y no la segunda. Graells denunció que "es posible" que se haya producido falsedad documental por parte del presidente de la entidad al certificar actas de asambleas que "nunca" se celebraron, y no un "error administrativo" tal y como dice la defensa.

La "connivencia" de los investigados

La jueza expone en las resoluciones incluidas en la causa que de la denuncia de Graells se desprende que existía una "más que probable connivencia" entre diversos implicados, entre ellos Galí, Alcázar y Plaza, que "giraría en torno a una estrategia de ocultación económica" en los órganos de control del Consejo, "con el fin de disponer" de partidas de dinero "para finalidades aparentemente de beneficio o lucro propio, así como de favorecimiento a terceros sin ningún tipo de regulación".

Y precisa también que los imputados actuaron con "total impunidad" al aprovecharse de las facultades de dirección inherente al cargo que ostentaban, "ideando un sistema de contabilidad oculto", excluido de "ningún tipo de control ajeno" y presuntamente "falsificando diferentes tipos de documentos" para evitar ser descubierto.

¿Está implicada la Diputación?

La magistrada ya ha pedido a la Diputación, que preside Marín, saber si repartió subvenciones a esta entidad. El año pasado, concretamente, otorgó unos 40.000 euros al organismo que reúne todos los Consejos Deportivos para que los repartiera.

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