La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, tendrá la palabra este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para defenderse de los cargos contra ella a raíz de las acusaciones de fraccionamiento de contratos durante la etapa en que dirigió la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre el 2013 y el 2017. Borràs, y el informático Isaías Herrrero, se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 6 años de prisión y 21 de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación. La presidenta suspendida del Parlament habría encargado a dedo 18 contratos a Herrero por valor de 335.000 euros, para modernizar la web de la Institución. Precisamente uno de los puntos que se subrayaron el último día de juicio de esta semana es que la web va desapareció desde que los Mossos entraron a registrar la Institución y el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI).

El lunes las comparecencias empezaron con las declaraciones de los acusados Isaías Herrero y Andreu Pujol. Los dos incriminaron a Borràs. "Acordamos presentar varios contratos; uno bueno y dos comparsas", declaró Herrero, según el cual la entonces directora de la ILC incluso le habría facilitado el nombre y datos de una empresa para presentar presupuestos falsos, que tendrían que servir para simular un concurso. La respuesta de la defensa de Borràs fue desacreditar al testigo, subrayando su condición de adicto y los tratamientos y recaídas que ha experimentado. Con todo, al día siguiente, la misma defensa tuvo que poner el acento en la calidad "única" del trabajo de Herrero, que lo convertía en la persona indicada para llevar a cabo el trabajo que le encargó Borràs.

En cualquier caso, la declaración inculpatoria de los otros dos acusados no sorprendió a la defensa de Borràs que ya había denunciado repetidamente la existencia de una acuerdo de estos con la fiscalía. Pero lo que sí impactó de verdad en la línea de defensa fue la declaración de una funcionaria de la Institució de les Lletres Catalanes, Assumpta Pagespetit, que, con tono contundente, aseguró que había alertado repetidamente sobre las irregularidades en las contrataciones. El pique de la testigo con la abogada Isabel Elbal, señalando que esta versión no coincidía con lo que afirmó al declarar ante la Guardia Civil, no hizo más que afianzarla en sus palabras.

Esta declaración dio pie a una nueva vía de réplica de la defensa, que ha preguntado uno a uno a todos y cada uno de los testigos que han comparecido de Mossos y Guardia Civil si habían recibido alguna denuncia o queja de la funcionaria. Nadie ha podido dar noticia de ninguna queja. Esta versión se ha visto, además, reforzada por la declaración de los exconsellers de Cultura, Ferran Mascarell y Santi Vila, y exresponsables de la ILC, que destacaron el trabajo de Borràs al frente de la institución y aseguraron que nadie les habló de irregularidades en la ILC durante sus mandatos.

Cadena de custodia de pruebas

La cadena de custodia de las pruebas ha sido otro de los objetivos de los interrogatorios de Gonzalo Boye, que intenta neutralizar los mails acusatorios contra Borràs extraídos del ordenador de Isaías Herrero. Diferentes Guardias Civil admitieron que trabajaron sobre los documentos que se les hizo llegar, sin compararlos con los documentos originales y sin el registro Hash, que garantiza que las pruebas no han sido alteradas.

También la focalización de la investigación contra Borràs y la denuncia de una investigación prospectiva ha sido uno de los puntos de interés del abogado, a preguntas del cual los Mossos admitieron que habían hecho búsquedas en los mails de Herrero utilizando como palabra clave Borràs y Laura Borràs, a pesar de la condición de aforada de la presidenta del Parlament.

Las sesiones celebradas a lo largo de esta semana han asistido de nuevo a diferentes piques entre el presidente del Tribunal de Justicia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, y el abogado de la defensa Gonzalo Boye, que le ha llegado a insinuar que ya tenía decidida la sentencia. Una de los endanadas de Boye consiguió que el juez entrara al trapo y aconsejara al abogado reservar sus reproches para "otras fases del proceso", con lo cual dio a entender que Borràs tendría una sentencia acusatoria que tendría que recurrir.