Los hermanos Pujol decidieron no regularizar en el 2012 su dinero de Andorra usando fundaciones panameñas y no regularizarlo mediante la amnistía fiscal para evitar una "crisis política", según trasladaron al consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats.
Prats declaró como testigo en Andorra el verano pasado ante el juez que investiga a la familia Pujol, José de la Mata, y, según la grabación de la comparecencia a la que ha tenido acceso Efe, explicó que los hermanos Marta, Mireia, Pere y Oleguer y su madre, Marta Ferrusola, tenían cuentas en aquel banco desde el 2010 (cuándo traspasaron el dinero desde otro banco andorrano, Andbank).
En 2012, cuando tuvo lugar la amnistía fiscal, los cuatro hermanos decidieron no regularizar el dinero de estas cuentas de la BPA y mantenerlos en secreto mediante fundaciones de Panamá, mientras que, explicó el banquero al juez, su hermano Josep sí que optó por regularizar. Estas fundaciones les servían para esconder la verdadera titularidad de los fondos, que la familia atribuye a la herencia de su abuelo Florenci.
"Una crisis política muy significativa"
Según declaró Miquel al juez, los hermanos fueron a reunirse con él a Andorra en 2014, el día siguiente o al cabo de dos días de que se publicara en la prensa que tenía dinero en el Principat, y se les preguntó por qué no lo habían regularizado en 2012 y habían optado por las fundaciones de Panamá. Ellos contestaron entonces, según el testigo: "Porque regularizar sería una situación de crisis política muy significativa... mira como estamos ahora".
Dos años después de crear las fundaciones, en julio de 2014, saltó a la luz que los Pujol tenían dinero en Andorra. Fue entonces cuando los hermanos decidieron reunirse con el directivo del banco andorrano y regularizar su situación financiera.
Finalmente, sin embargo, según Miquel, sólo Jordi Pujol hijo fue lo único de los cuatro que no dio instrucciones para transferir su dinero en cuentas de Banco Madrid y procedió a la "liquidación tributaria". Según Miquel, le dijo que tenía una deuda con una sociedad mexicana y ordenó a la BPA traspasar a aquel país 2,4 millones de euros de sus cuentas.