El Ministerio de Hacienda ha advertido a la Generalitat y le recuerda que no entregar la lista de funcionarios responsables del control de las finanzas "vulnera los acuerdos" y que podría ser objeto de sanción administrativa. En el acuerdo publicado en el BOE el sábado, el Estado exige al Govern que facilite en fecha de 26 de julio un listado con los nombres de los órganos públicos y de sus máximos responsables.

El Estado quiere que sean los miembros de este listado los que, semanalmente, remitan al Ministerio de Hacienda unos informes firmados donde se comprueben todos los movimientos económicos de la Generalitat para comprobar que no se ha gastado dinero en los preparativos del referéndum (como la compra de urnas, por ejemplo). Esta respuesta del Estado llega después de que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, haya anunciado que no enviarán este listado y que cualquier comunicación que se tenga que hacer estará firmada por los mismos consellers.

Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan que la Generalitat está obligada a enviar este listado, tal como se recoge en el acuerdo cogido a la comisión delegada de asuntos económicos el viernes (y que publicó el BOE el sábado). Señalan también que, no hacerlo, sería incumplir el acuerdo y que, por lo tanto, podría ser objeto de sanción administrativa tal como recoge la ley.

El Govern, en cambio, no quiere facilitar nombres de trabajadores públicos para protegerlos ante posibles represalias. En este sentido, Junqueras ha dicho que enviarán los certificados semanales que les pide el Estado pero que serán los mismos consellers del Govern quienes firmen las comunicaciones.

El control del presupuesto por parte del Estado empezará a partir de este viernes y el objetivo de la medida, anunciada durante el pasado Consejo de Ministros, es evitar que no haya partidas destinadas a la organización "de un referéndum ilegal".

El gobierno español amenaza con dejar Catalunya sin el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si descubre que hay dinero invertido en el 1-O o si no se envían los informes tal como se recoge al acuerdo. Para este 2017, Catalunya está previsto que reciba 3.600 millones de euros de este fondo destinado a pagar servicios básicos.

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