El callejón sin salida en que se han metido el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, suma un nuevo episodio con la posibilidad de que la Guardia Civil haya ocultado información que podría demostrar la ausencia de malversación de fondos públicos para la organización del referéndum del 1-O.

Según adelanta Público, en los informes que la Guardia Civil elabora para Llarena para sustentar la acusación de malversación contra la cúpula independentista, se omiten los certificados de la Intervención General de la Generalitat, aunque sí que figuran en otros sumarios relacionados, como el del juzgado 13 de Barcelona —que investiga la preparación del referéndum a partir del caso Santi Vidal—, y el de la Audiencia Nacional instruido por la jueza Carmen Lamela.

Lo más grave de todo es, siempre según el mencionado medio, que la omisión de los datos no puede ser por desconocimiento, ya que es el mismo equipo de la Guardia Civil el que elabora los informes para los tres jueces, que además, está dirigido por el teniente coronel Daniel Baena, ni más ni menos que el jefe de la policía judicial de la Guardia Civil de Catalunya y, al mismo tiempo, el usuario Tácito (@nmaquiavelo1984) en Twitter, el cual se dedicaba a combinar sus investigaciones con ataques contra políticos, periodistas y agentes de los Mossos d'Esquadra en las redes sociales.

Evitar dar la razón a Montoro

Es decir, que el mismo responsable de los diferentes informes —y tuitero antiindependentista a tiempo parcial— habría incluido algunos datos en unos dossieres y los habría omitido en otros, todo para, según Público, evitar hacer patente que no hubo malversación el 1-O. O dicho de otra manera, la Guardia Civil habría intentado evitar dar la razón a Montoro con un informe que a pesar de calcular en casi dos millones de euros los supuestos gastos en dinero público no sólo no aportaría suficientes pruebas, sino que habría distraído los papeles que no concordaban con la tesis principal, que es la de inculpar la cúpula independentista por malversación.

De hecho, que el mismo juez Llarena pida explicaciones a Montoro, en vez de hacerlo a la Intervención General de la Generalitat o al propio ministerio también ha levantado suspicacias, ya que en el fondo, el juez pide a Montoro que justifique unas declaraciones en prensa cuando el procedimiento debería ser requerir la información a los organismos que lo tendrían que tener.

Hay que recordar que con la intervención de las cuentas catalanas por parte del ministerio se bloquearon varias partidas y el resto están sometidas a una serie de procedimientos y certificaciones, y que varios informes así los recogen pero no precisamente el que ha servido a Llarena para procesar la cúpula independentista por un delito de malversación que, a día que pasa, pierde más fundamento.