Novedades sobre las querellas por el espionaje con Pegasus al independentismo catalán. El titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que inicialmente había rechazado asumir las querellas de Òmnium y la CUP, ahora ha aceptado investigar la de los tres afectados del partido anticapitalista por un delito de vulneración al derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones. Además, el magistrado José Antonio Cruz de Pablo, el mayo pasado dictó el sobreseimiento provisional de la investigación abierta el octubre del 2020 sobre el espionaje con el software Pegasus al expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent, y al concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall, por falta de autor conocido y mientras se esperan las diligencias solicitadas en el extranjero. El abogado de los dos líderes de ERC, Andreu Van den Eynde, reclamó al juez que revocara esta decisión y asumiera el resto de querellas de los investigados. Precisamente, Van den Eynde ha declarado este martes en otro juzgado como víctima del espionaje del CatalanGate, junto con el eurodiputado de ERC Jordi Solé.
En la resolución, dictada el 14 de septiembre pasado y a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el magistrado José Antonio Cruz acepta, sin ningún razonamiento, la inhibición del juzgado de instrucción 22 de Barcelona, donde había recaído la querella de la CUP después de que él la rechazara inicialmente. Así, admite a trámite la querella presentada por David Fernández, Albert Botran, diputado de la CUP en el Congreso, y Carles Riera, diputado en el Parlament. La admisión es parcial y el abogado Benet Salellas en nombre de los tres afectados ha pedido una aclaración al juez sobre la qué significa esta parcialidad.
El juez pide los móviles
Por ahora, el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona ha requerido a los tres afectados que aporten sus móviles al juzgado y que se les haga una pericial para determinar el ataque sufrido y que denunciaron, que se sitúa entre el primer trimestre del 2019 y el 12 de enero de 2020. Y una vez comprobado, pedir información a NSO Group, propietario del software Pegasus, tal como pide la fiscalía. Precisamente, la consulta a NSO Group es el obstáculo que ha sufrido la primera querella de ERC, ya que la empresa israelí no ha respondido nada al juzgado de Barcelona, dos años después de la comisión rogatoria. La CUP ha avanzado que entregará una copia o pericial de los móviles, pero no los aparatos.
La fiscalía no quiere investigar NSO
En la querella, los tres afectados de la CUP reclamaban que se investigue NSO Group como autora por acción u omisión del delito contra la intimidad al haber permitido esta intromisión a los móviles sin el control que tiene en el ámbito empresarial y mundial. El partido anticapitalista precisa en la querella, que a raíz de un proceso en los Estados Unidos, NSO indicó que exige a sus clientes gubernamentales que acepten que: solo usará Pegasus para la investigación de crímenes y terrorismo y no para violaciones de derechos humanos y que NSO puede suspender el servicio de Pegasus si constata que se ha hecho un mal uso.
Para el fiscal de Delitos Informáticos, Roberto Valverde, en la querella de la CUP "no hay elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad", incluso añade que si fuera cierto que NSO tuviera la capacidad técnica y jurídica de analizar la ejecución y legalidad de las acciones de sus clientes, "estos hechos tampoco quedarían subsumidos en los tipos penales referidos". Por eso, el fiscal pide al juez que no acepte la querella contra NSO, y que si se comprueba el ataque a los móviles de los cupaires, que se requiera a NSO, y a sus empresas Cyber Technologfies Limited, y OSY Tecnologies SARL, que "documenten si conservan informaciones, datos o registros informáticos sobre el funcionamiento de Pegasus relativos a los terminales de los querellantes", a través de una comisión rogatoria a Israel y de una orden europea de investigación a las autoridades de Luxemburgo, donde|dónde también tienen sede.