Todos los informes de la Guardia Civil buscan la manera de justificar el gasto público para pagar el referéndum del 1 de octubre y acreditar, así, el delito de malversación por el que están procesados todos los miembros del Govern que están en la prisión y en el exilio.
Mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prepara toda la documentación para presentar al magistrado del Tribunal Supremo, que avala las palabras del ministro sobre que no se ha gastado ni un euro en el referéndum, la Guardia Civil busca nuevos hilos para estirar y por dónde coger el delito de malversación. En las próximas horas Montoro presentará la documentación en el Supremo. Mañana hará una semana que Llarena se lo pidió mediante una providencia.
Ahora, la Guardia Civil en un nuevo informe señala a la interventora de la Generalitat y dice que habría omitido los gastos del 1 de octubre, según informa El Independiente. La policía reprocha a Rosa Vidal que no informara del desvío de los 2,5 millones de euros para el procés. El informe, sin embargo, lo ha hecho la Guardia Civil, que investiga por el juzgado de Instrucción 13, que mantiene una causa general contra todo el procés y que investiga en paralelo lo mismo que investiga el Tribunal Supremo.
En concreto, en el nuevo documento policial, al que ha tenido acceso El Independiente, los agentes del Instituto Armado sostienen que la responsable de la Intervención de la Generalitat de Catalunya tuvo conocimiento que con la llamada campaña "Civisme", a través de la cual el Govern pretendía promocionar el referéndum ilegal, se podía cometer una malversación de caudales públicos de 2,2 millones sin que la interventora "haya activado ningún procedimiento para denunciar estas acciones".
La Guardia Civil también asegura, según este informe, que Unipost intentó cobrar una factura de 238.965 euros y que eso podría suponer un delito de estafa. Con todo, la Guardia Civil admite que estos fondos no llegaron a destinarse al procés pero que el Govern pretendía hacerlo y que la interventora no avisó al estado español de las intenciones del ejecutivo catalán.
Los agentes explican que si bien estos fondos no llegaron a ser destinados al procés, la intención del Govern fue hacerlo y el celo de la interventora Vidal, poniendo en conocimiento del Estado estos hechos, brilló por su ausencia.