Humillado para hablar en catalán. Y por la Guardia Civil. La historia se ha repetido esta vez en Elda, en el País Valencià, ciudad próxima a Alicante. El caso es que, según ha denunciado la Plataforma per la Lengua, un ciudadano fue increpado el pasado mes de noviembre por un guardia civil en el Registro Civil de este municipio por dirigirse en catalán. El hombre ya ha presentado una reclamación a la subdelegación del Gobierno en Alicante. Este ciudadano fue al registro Civil a inscribir a su hijo y, al salir, se dio cuenta de que se había dejado en su interior la mantita de la criatura. Una vez intentó volver a acceder, un agente le cerró el paso y le dificultó la entrada, argumentando que era incapaz de entenderlo en valenciano. Asimismo, llegó a decirle "maleducado" para seguir insistiendo en hablar en su lengua.

Aunque finalmente pudo acceder al registro, cuando salió, el mismo guardia civil lo siguió increpando y le dijo que le estaba faltando al respecto. Siempre según el relato de la Plataforma per la Lengua, la víctima defendió su derecho legal de expresarse en valenciano, pero el agente lo ignoró y le exigió que se fuera del Registro Civil. Ante estos hechos, el ciudadano pidió la hoja de reclamaciones y el policía lo hizo esperar mientras hacía llamadas diciéndole, en castellano, "espérate, que está de camino". Después de pedir la hoja de reclamaciones hasta tres veces y de recibir la misma respuesta por parte del agente, la víctima tuvo que irse sin conseguirlo.

Ahora, la entidad quiere que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades; y también ha pedido a la Oficina de Derechos Lingüísticos que intervenga en el caso. La ONG del catalán ha presentado una reclamación a la subdelegación del Gobierno de Alicante porque considera que el guardia civil abusó de su autoridad y limitó dos derechos del ciudadano: el de expresarse en valenciano y el de presentar una reclamación. Para la entidad, la actuación del agente contradice el Estatuto de Autonomía y la Ley de uso y enseñanza del valenciano, que reconocen el uso normal y oficial de la lengua, y puede ser objeto de sanción, teniendo en cuenta la Ley Orgánica 12/2007, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, y la Ley del Estatuto básico del empleado público.

De hecho, según el régimen disciplinario del cuerpo, la discriminación o el acoso en razón de lengua, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social supone una infracción muy grave. El mandato de la Constitución pide a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, y el artículo 5.1 de la Ley orgánica 2/1986 establece que los agentes tienen que respetar la ley y tienen que actuar "con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin ninguna discriminación en razón de raza, religión u opinión".