El Gobierno ha prorrogado la vida útil de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, hasta junio de 2030, y la decisión ha provocado tensión entre la rama del PSOE del Ejecutivo de coalición y la de Sumar, que se opone a la medida. El partido fundado por Yolanda Díaz denuncia que se trata de una "cesión" al oligopolio energético y que va en la dirección contraria a la transición verde. A raíz de esta decisión, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del Gobierno y ha exigido a los socialistas que mantengan el calendario de cierre de las centrales nucleares.
En unas declaraciones difundidas por los Comuns, Urtasun lamenta que es "especialmente preocupante" que la rama socialista del Gobierno español justifique la prórroga de Almaraz por la situación energética "excepcional y sobrevenida" por el conflicto en Oriente Próximo y la guerra en Ucrania. "Las crisis energéticas no se resuelven alargando la vida de las nucleares, sino acelerando las energías renovables", sostiene el ministro. Urtasun asegura en el comunicado que este tipo de energía no contribuye a la "soberanía energética", dado que depende del uranio, un "combustible exterior".
Además, Sumar considera que prolongar las centrales nucleares "frena" el despliegue de la energía verde, dado que "pone en riesgo" los calendarios que "muchas" empresas tenían previsto para sus inversiones en renovables. "La transición energética no consiste en calcular cuánto podemos retrasar el cambio, sino en decidir si aceleramos o frenamos el cambio de modelo", valora Urtasun. Así las cosas, los Comuns avisan de que con esta prórroga, "lo que hoy se presenta como una excepción acotada y coyuntural", puede ser un "precedente" para aplazar "todo" el calendario nuclear, pactado en 2019 y que se tiene que desarrollar entre 2027 y 2035.
En materia de residuos, Urtasun señala "uno de los grandes problemas sin resolver" de la carpeta nuclear, la gestión de los residuos radiactivos. Para los Comuns, alargar la vida útil de los reactores "envejecidos" supone "mantener durante más tiempo" los riesgos vinculados a las instalaciones y "perpetuar" el debate sobre dónde almacenar los restos del combustible. "Continuaremos exigiendo el cierre, uno por uno, de todas las centrales nucleares de nuestro país según el calendario que estaba acordado", se compromete el ministro, que recuerda que las energías renovables "han dado protección y capacidad de hacer frente a la crisis climática y a los choques energéticos exteriores".
En el marco de la transición verde y el calendario de desnuclearización, estaba previsto que Almaraz cerrara un reactor en 2027 y el otro en 2028. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado este viernes prorrogar la vida útil de la central nuclear situada en Cáceres hasta junio de 2030, al considerar que es segura y no genera ningún coste extra para los ciudadanos. La decisión sigue la recomendación del Consejo de Seguridad Nuclear y cumple con la petición que habían realizado las propietarias de la planta, Iberdrola, Endesa y Naturgy. El Ministerio de Transición Ecológica justifica la prórroga por la "disrupción" que ha supuesto la crisis en Oriente Medio y la guerra en Ucrania para el contexto energético global, que ha aumentado la volatilidad de precios de los combustibles fósiles. "El contexto geopolítico y los daños en infraestructura de producción y exportación de combustibles extienden el riesgo y la incertidumbre a los próximos años", apunta la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado. El ministerio que dirige Sara Aagesen, sin embargo, sostiene que es una decisión "acotada y limitada" y que no afecta al resto del calendario de cierre de las nucleares, previsto de forma definitiva para 2035.
Greenpeace lamenta un "error histórico": "Sigue mandando el mismo oligopolio de siempre"
La decisión ha generado reacciones contrapuestas en el ámbito político, económico y social. La alcaldesa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), Assumpció Castellví, y el alcalde de Ascó (Ribera d'Ebre), Miquel Àngel Ribes, han celebrado el anuncio del Gobierno y han expresado el deseo de que esto abra la puerta a alargar también la vida de las centrales de Ascó y Vandellòs. El Estado tiene previsto que Ascó I cierre en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellòs II en 2035. También lo ha celebrado la patronal Foment del Treball, que reclama al Gobierno que también alargue la vida de las centrales nucleares catalanas. "Catalunya no se puede permitir prescindir de una energía estable, no emisiva y esencial para la competitividad de nuestra industria", defiende la patronal que preside Josep Sánchez Llibre. En la misma línea se ha pronunciado el PP catalán.
Por el contrario, el grupo ecologista Greenpeace ha tildado de "error histórico" la decisión del Gobierno español. La entidad ha mostrado su "rechazo" y su "indignación", y cree que no responde a "criterios de seguridad técnica ni al abaratamiento de la factura para los hogares", sino al hecho de que "sigue mandando el mismo oligopolio de siempre". También ha cargado contra Pedro Sánchez, a quien acusan de ceder a las "presiones" y así arruinar su credibilidad y decepcionar la confianza de sus votantes. Greenpeace también cita un informe técnico de la Universidad Rey Juan Carlos que sostiene que la prolongación de la vida útil de Almaraz "provocará un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica de los hogares y las empresas para 2033".