El Govern no pagó nunca ninguna factura a Unipost por las papeletas del 1-O y las notificaciones en los miembros de las mesas electorales ni tiene ninguna pendiente de abonar porque fueron anuladas el mismo día que fueron emitidas por la empresa, el 7 de noviembre del 2017. Las facturas suman 980.313 euros.
Así lo acredita la administradora concursal de Unipost, a Eulàlia Folguera, en un escrito enviado al titular del juzgado número 13 de Barcelona que investiga el 1-O. Este hecho rebaja considerablemente el volumen de la malversación que el juez imputa al Govern, que cifra en 2.2 millones.
La administradora explica que las cinco facturas no figuran como cobradas, ni compensadas, ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni tampoco serán objeto de reclamación porque són facturas anuladas y no figuran como pendientes de cobro de la concursada".
Se da la circunstancia que el juez decidió investigado a la interventora del Gobierno, Rosa Vidal, por no haber informado de que Unipost había querido cobrar una de estas facturas y que el pago había sido bloqueado por el sistema informático de la Generalitat.