El Govern ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia que anula de buena parte del decreto de régimen lingüístico educativo que blinda el catalán como lengua vehicular en las escuelas, según ha publicado el ARA y han confirmado a la ACN fuentes del Departament d'Educació. El recurso de casación fue presentado por el Ejecutivo catalán este viernes, después de que el TSJC anulara buena parte del decreto a raíz de un recurso contencioso-administrativo impulsado por la Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB). De hecho, cuando en septiembre trascendió la decisión del TSJC, el Govern de Salvador Illa ya anunció que la recurriría, ya que, según argumenta el Govern, fijar el catalán como lengua vehicular no implica excluir el castellano.
La anulación de varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat de 2024 daba parcialmente la razón a la AEB y elimina las partes del decreto que establecían el catalán como lengua prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o como única lengua de acogida para alumnos recién llegados. Entre los artículos eliminados también se encontraban los que garantizaban una presencia mínima del castellano para asegurar la competencia lingüística del alumnado y los que equiparaban la lengua de signos catalana con el catalán y el aranés para los alumnos sordos. Esta medida afectará a las escuelas que actualmente aplican modelos con un 25% de castellano. En cambio, el tribunal desestimaba la impugnación de artículos relacionados con la organización interna de los centros, como el uso del catalán en rotulación o procesos administrativos, al considerar que no afectan directamente al derecho fundamental a la educación. Así, la decisión se centraba en asegurar una enseñanza "equilibrada y efectiva" entre las dos lenguas oficiales.
El Govern ya aseguró que recurriría contra la sentencia
En aquel momento, el Govern ya dijo que recurriría contra la sentencia y aseguró que el ejecutivo defendería el modelo lingüístico de la escuela catalana "con toda la contundencia". Así lo dijo Illa, que ya apuntó que emprenderían todas las medidas que consideren oportunas. También lo apuntó la consellera de Educación, Esther Niubó, que igualmente precisó en aquel momento que la sentencia no tenía ningún impacto en las aulas porque el decreto no había llegado a entrar en vigor porque ya estaba cautelarmente suspendido y que lo que sí que está vigente es la ley del 2022, aprobada durante el mandato de Pere Aragonès, para intentar blindar el catalán como lengua vehicular.
En noviembre, sin embargo, el TSJC decidió levantar la suspensión cautelar del decreto de régimen lingüístico y Plataforma per la Llengua pidió al Departament d’Educació que aplicara la parte de la normativa que sigue en vigor, poniendo de ejemplo la posibilidad de sancionar a docentes que no cumplen los proyectos lingüísticos de centro, así como el requisito de C2 de catalán para los nuevos profesionales.