La decisión del TSJC de dejar en suspenso la aplazamiento de las elecciones ha obligado al Govern a reactivar el calendario electoral y a dar explicaciones sobre una situación que ya ha provocado voces críticas entre los socios. El Govern ha dejado claro que "no comparte la decisión del TSJC" de suspender el aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero y argumenta que la suspensión de los comicios "respondía a un criterio sanitario y epidemiológico" que se mantiene plenamente vigente y que además es fruto de un "acuerdo unánime de todos los grupos del Parlament", según la consellera de Presidencia, Meritxell Budó.

Este mediodía, poco antes de la habitual rueda de prensa del Consell Executiu, el TSJC ha anunciado que ha estimado las medidas cautelarísimas que se habían solicitado contra el decreto que suspende la convocatoria de las elecciones del 14 de enero y señala el 30 de mayo como la nueva fecha de los comicios. Por lo tanto, mientras no haya una decisión definitiva sobre las impugnaciones la convocatoria de las elecciones del 14 de febrero se mantiene vigente.

Reactiva todos los procedimientos

Ante esta decisión, el Govern ha rechazado hacer ningún tipo de autocrítica y ha responsabilizado el TSJC de la situación provocada con la aceptación de las medidas cautelares. No obstante, Budó ha anunciado que "el Govern de Catalunya ha reactivado todos los procedimientos de manera inmediata para garantizar el derecho al voto el día de las elecciones si es que finalmente estas se tienen que celebrar el 14 de febrero".

Con todo, la consellera ha insistido en que las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias para un proceso electoral en libertad, "dificultando la campaña electoral y la jornada votación", por lo cual el Govern defenderá esta posición en las alegaciones que presentará este jueves ante el TSJC.

En una declaración con que Budó ha abierto la rueda de prensa, el Govern ha subraya que la decisión de suspender las elecciones del 14-F "tiene una sólida base jurídica" por lo cual el ejecutivo está "convencido" de que podrá defenderlo. Por todo ello, el ejecutivo ha pedido máxima celeridad al TSJC para resolver todos los recursos presentados.

Unanimidad del grupos

En defensa de la suspensión de los comicios, Budó ha subrayado que fue una decisión compartida por unanimidad con todos los grupos parlamentarios en la mesa de diálogo.

Por su parte, el conseller de Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, responsable de los procesos electorales, ha subrayado que la decisión del TSJC es una medida de carácter instrumental del TSJC, por lo cual se ha de reactiva todo el dispositivo electoral, "desde ahora mismo".

Eso obligará a reactivar cuestiones como la proclamación de las candidaturas, la elección por parte de los Ayuntamientos de los miembros de las mesas electorales o la puesta en marcha las campañas institucionales previstas, según ha admitido Solé.

Responsabilidad del PSC

El Govern ha evitado hacer autocrítica sobre la situación que se ha provocado con la forma como ha hecho el aplazamiento. Budó ha atribuido a una opinión personal las críticas del vicepresedente del Parlament i candidato de JxCat, Josep Costa, al vicepresident del Govern, Pere Aragonès. Sin embargo, y a pesar de asegurar que las elecciones se aplazaron de manera consensuada, Solé no ha dudado a apuntar al PSC como responsable. "Sólo hay que escuchar personas significadas del partido que lo han dicho de forma fehaciente", ha apuntado.

La sección 5.ª del Contencioso Administrativo del TSJC ha argumentado que si se para el calendario electoral y finalmente se aceptara la impugnación del decreto, lo cual obligaría a celebrar las elecciones el día 14, eso provocaría una "situación de inseguridad jurídica" que impediría respetar los plazos para celebrar los comicios.

La decisión de dejar cautelarmente sin efecto el aplazamiento electoral se ha decretado a raíz de las impugnaciones presentadas contra la decisión del Govern, y en particular a raíz de las medidas cautelarísimas que incluía el recurso presentado por un particular.