El Govern y el Estado acordaron hace 5 meses el retorno de la gestión de interventores y secretarios municipales, en la reunión de la comisión bilateral Generalitat-Estado del pasado 24 de febrero. Se trata de una competencia que Catalunya perdió en 2013 a manos del ejecutivo de Mariano Rajoy, mediante la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) —que produjo cambios que afectan los procedimientos de gestión de la aprobación de ofertas públicas de plazas del personal Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional (FHN), entre otras cosas—.

En este contexto, hace casi medio año, el Gobierno se comprometió con el gobierno catalán a "impulsar las actuaciones necesarias" para que la Generalitat recupere las funciones y facultades respecto de los funcionarios de administración local con habilitación nacional, incluyendo la posibilidad de convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes. El acuerdo fue firmado el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ahora, Junts ha avanzado en este pacto con un nuevo acuerdo con el PSOE en el Congreso de los Diputados que incluye una enmienda transaccional para permitir que Catalunya recupere la gestión integral de los funcionarios de administración local con habilitación estatal —es decir, los mencionados secretarios e interventores, además de tesoreros municipales.

 

El acuerdo de Junts y el PSOE se articula mediante una nueva disposición adicional a la Ley de bases de Régimen Local en el marco de la tramitación de la Ley de función pública del Estado, a fin de que la Generalitat tenga las facultades de "creación, clasificación y supresión de puestos, aprobación de la oferta de empleo pública, procesos de selección, nombramiento, procesos de provisión y gestión administrativa integral de estos funcionarios". Según los independentistas, el acuerdo de este viernes permitirá "revertir la situación crítica que sufren" muchos ayuntamientos catalanes, donde el 66% de puestos de secretaría, intervención y tesorería se encuentran vacantes u ocupados interinamente, cosa que genera graves disfunciones.

De manera similar, hace ocho días que ERC anunció desde Barcelona un acuerdo con el PSC en la misma dirección —en el marco del pacto para el tercer suplemento de crédito del Govern—. "Las dos formaciones políticas coordinaremos nuestras acciones para que se aprueben en el Congreso las modificaciones legislativas con el fin de recuperar todas las facultades que Catalunya tenía atribuidas", esgrimía la documentación facilitada a los medios de comunicación. Específicamente, mencionaba las facultades de "selección y aprobación de la oferta pública de empleo" para "cubrir las vacantes existentes de las plazas y convocar los procesos de selección", la facultad de "nombramiento del personal funcionario de estos procesos de selección" y "la asignación del primer destino".
 

Imagen principal: el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comparecen después de la comisión bilateral del pasado 24 de febrero de 2025 / Europa Press