El Govern y los Comuns han cerrado este lunes un acuerdo para poner en funcionamiento una unidad antidesahucios a cargo de la Generalitat y activar de manera efectiva el registro de grandes tenedores de vivienda. Se trata de dos medidas impulsadas por los de Jèssica Albiach, a quienes el Ejecutivo de Salvador Illa, en minoría parlamentaria, necesita para aprobar presupuestos de la Generalitat. Con estas iniciativas los Comuns esperan "poner orden en este sálvese quien pueda" relativo a la vivienda.
El pacto, fruto de varios meses de negociación, supone la creación de una nueva unidad destinada a reforzar los actuales servicios que prestan apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad que han dejado de pagar un alquiler o una hipoteca, una tarea que habitualmente recae ahora sobre los servicios sociales de los ayuntamientos. Este nuevo órgano del Govern se llamará Servei de Protecció i Estabilitat Residencial (SPER) y se aprobará en la reunión del Consell Executiu del próximo martes.
Según han explicado Albiach y la diputada de los Comuns Susanna Segovia en rueda de prensa, el órgano debe acompañar a las familias con el objetivo de que la Generalitat "tome un papel proactivo" ante la crisis de la vivienda e intervenga antes de que lo hagan los juzgados o los Mossos d'Esquadra. La previsión es que trabajen desde las oficinas municipales, mano a mano con los entes locales. De momento, con una dotación de 50 trabajadores iniciales. Segovia ha vaticinado que "harán falta seguramente más personas y recursos" pero que han hecho un "voto de confianza" para que la medida salga adelante con un presupuesto de unos 39,4 millones de euros para cinco años.
En cuanto al registro de grandes tenedores, habrá que esperar unas semanas todavía porque debe pasar por fase de exposición pública. Los Comuns confían en que el Govern lo aprobará "antes de acabar noviembre". Esta herramienta debe servir para identificar personas físicas o jurídicas que hacen negocio con la vivienda. Según se ha pactado, deberán constar los propietarios de más de cinco pisos o casas —10 si los destinan a alquiler social—. En caso de incumplirlo pueden ser sancionados con multas de entre 9.000 y 90.000 euros.
Albiach ha aprovechado su comparecencia tras sellar el acuerdo con la conselleria para advertir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "el éxito o el fracaso de esta legislatura dependerá de dos temas: empezar a garantizar el derecho a la vivienda y que los trenes estén en condiciones". En este sentido, ha celebrado que se den pasos para "intervenir el mercado y hacer frente a la especulación", pero ha lamentado que cuando el Govern toma medidas de este tipo lo hace "siempre de mala gana o demasiado tarde".
Preguntada sobre las negociaciones para los presupuestos de 2026, ha avisado de que aún quedan cuestiones por cumplir por parte del Govern de acuerdos anteriores: "De nada serviría que firmemos nuevos acuerdos con el Govern si no cumple los anteriores". "Aún no estamos en disposición de sentarnos a negociar los próximos presupuestos", ha añadido.
La PAH lo celebra, pero con matices
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha celebrado el acuerdo. La entidad alerta, sin embargo, de que esta unidad antidesahucios ayudará a "ganar tiempo", pero no dará "siempre" soluciones de vivienda a las familias. Por eso reclama al Govern que "garantice los realojamientos y los alquileres sociales" para dar una respuesta "auténtica y definitiva" a la situación. Por otra parte, y con respecto al registro de grandes tenedores y pisos vacíos, la PAH ha exigido al ejecutivo liderado por Salvador Illa que "sancione" a aquel que intente "esquivar" la obligación de apuntarse.