El Govern ha reconocido este miércoles que no se retirará en bloque de todas las causas abiertas contra manifestantes independentistas. Se trata de un punto especialmente caliente, y de una cuestión que ha generado bastante en el marco del independentismo, generando polémica entre el ejecutivo, por una parte, y la CUP, de la otra. De hecho, el acuerdo de investidura entre Esquerra Republicana y los anticapitalistas hacía una mención clara al respecto. En aquel pacto, los republicanos se comprometían a hacer efectiva la "retirada de las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, exceptuando aquellas donde y haya lesiones en agentes acreditadas con certificado médico". Desde el principio, el gobierno de Pere Aragonès ha alegado que tiene que personarse judicialmente siempre que haya miembros de los Mossos d'Esquadra lesionados, ya que, como funcionarios, ven obligados.
De esta manera, el Govern abría la puerta a retirarse de aquellos procesos judiciales sin agentes afectados, o incluso cuando no se conociera la identidad del presunto agresor. Según han explicado fuentes de la Conselleria de Presidència a ElNacional.cat, hay un total de 37 casos que cumplen estas características, de los cuales la Generalitat ya ha movido ficha en casi una tercera parte: en diez de ellos, el ejecutivo ha decidido retirarse o rebajar las penas.
Este movimiento, sin embargo, se está haciendo de forma progresiva, y no de un día para el otro. Según informó el diario Ara en noviembre pasado, el Govern se había comprometido a retirarse "en bloque" de esta treintena de procesos, cosa que hasta ahora no ha hecho. "Nuestra idea es retirarnos de todos los casos, pero siguiendo unos criterios y estudiando cada caso individualmente", afirman las fuentes de Presidència. "En los 27 que quedan iremos haciendo lo mismo en el momento procesal oportuno porque, judicialmente, cada caso tiene su ritmo". Remarcan, además, que el objetivo final, es retirarse por completo de todos los casos abiertos, si bien admiten que, de momento, en algunos procedimientos se ha optado por quedarse y rebajar las penas, una opción que las mismas fuentes creen que puede ser "mejor" para los investigados que retirarse unilateralmente.
La reacción de la CUP
De esta manera, el acuerdo entre republicanos y cupaires no llega a romperse porque en él no se hablaba nunca de la forma en que el ejecutivo dejaría de ejercer de acusación particular. A pesar de eso, esta información no ha sido bien recibida por la CUP, que ha optado por hacer evidente su descontento en las redes sociales. El diputado Dani Cornellà ha reaccionado lamentando que la noticia no supone "nada de nuevo". "Solo somos el 52% cuando les interesa en el Gobierno de Junts y ERC", mientras que también ha manifestado su apoyo a todas las personas represaliadas. Y la parlamentaria Basha Changue ha acusado al ejecutivo de "vender humo como forma de gobernar".
También la Assemblea Nacional Catalana se ha pronunciado, cargando contra "la carencia de compromiso real" del Govern con los independentistas encausados. "Es humillante para todos los que salieron a las calles en las protestas postsentencia". El mensaje va cargado también de un aviso en cuanto a la próxima gran movilización: la de este 11 de septiembre. "Esta Diada volveremos a las calles sin miedo, y sabremos quién tenemos al lado y quien enfrente". Y el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha considerado "muy feo" que se haya revelado el incumplimiento de un punto del acuerdo de investidura en pleno verano. "El único impedimento para retirar todos los abogados de la Generalitat de las acusaciones judiciales se llama 'sindicados de los Mossos'. Cambian los consellers, pero esto continúa igual", ha añadido.