El abogado Gonzalo Boye, letrado del presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha mostrado convencido este martes por la tarde que la causa por desobediencia al TSJC por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos "no llegará más allá de los trámites iniciales o no tendría que hacerlo, ya que, según él, no hubo desobediencia. No obstante, cree que "existe la intencionalidad clara de criminalizar el comportamiento del presidente Torra e intentar su inhabilitación".

Boye, que también es abogado de Carles Puigdemont, ha asegurado que el orden de la Junta Electoral Central (JEC) era "ilegal e incluso prevaricadora", "no era clara, sino general" y "obligaba al presidente Torra a hacer cosas que no podía hacer porque la ley se lo prohíbe".

En declaraciones en la ACN, Boye ha dicho que "dentro de la lógica de lo que se está intentando, era previsible que se admitiera a trámite" la querella de la Fiscalía Superior. "Lo que corresponde ahora es que podremos iniciar la defensa y estructurarla", con una "línea de defensa bastante sólida" basándose principalmente en la consideración que el orden de la JEC no era legal. Por eso, ha recordado, presentaron una querella ante el Tribunal Supremo por prevaricación.

Según él, los dos procedimientos son independientes, pero el alto tribunal catalán "no puede olvidar que en realidad el presidente Torra pidió en reiteradas ocasiones y puso de manifiesto a la JEC que la orden no era clara, era general, y, además, le obligaba a hacer cosas que no podía hacer porque la ley se lo prohíbe". "El TSJC creo que lo tendrá claro en su momento, pero hasta ahora sólo tiene la querella de la fiscalía, que técnicamente es muy pobre".