El Gobierno ha seguido atentamente la comparecencia del presidente del Parlament Roger Torrent de este miércoles, pese a que ya aventura la posibilidad de que sea Jordi Turull el siguiente candidato a la investidura. La decisión no le parecería a la Moncloa "ni bien, ni mal", según fuentes del Ejecutivo –aunque según explicaba El Nacional, eso descolocaría sus planes. Asimismo, las fuentes recuerdan que el número 3 de Junts per Catalunya está en libertad provisional, de modo que "él sabe que hay una raya, que si pasa" puede tener consecuencias judiciales.

"Tiene una espada de Damocles", afirman las fuentes consultadas, sobre el discurso que Turull tiene que mantener para satisfacer a las bases independentistas, al mismo tiempo que evitar que el juez Pablo Llarena vea indicios de reincidencia en su actuación. "Está muy limitado, acotado", añaden al respecto. Eso no solo sería por las actuaciones que lleve a cabo al frente de la Generalitat, sino también por el desfile de la cúpula del proceso soberanista ante el Tribunal Supremo, cuando empiece el juicio.

La cuestión es que el Gobierno reconoce que su preferencia era un candidato "limpio, sin procedimientos judiciales" –incluso había llegado a avalar a Elsa Artadi–, pero se resignan ante la idea que el Parlament es soberano para escoger a su representante, y en este caso, Turull está en la calle en condiciones de ser investido. "Nuestro objetivo era evitar que volvieran a lo mismo", afirman sobre el incumplimiento de la ley, que dicen haber impedido con la investidura de Carles Puigdemont.

El hecho es que en el Ejecutivo ya ha hecho cábalas sobre por qué el conseller de Presidencia del Govern destituido es el escogido. "Tenía que ser una persona de nexo entre el PDeCAT y JxCat", afirman hurgando sobre las presuntas discrepancias entre estas formaciones. Incluso recuerdan que Turull no tiene los votos de la CUP, aunque desconocen si Puigdemont y Comín renunciarán al escaño y cargan contra la "gira" del primero, del que creen que ya está fuera de foco y solo buscaría notoriedad en España.

Así las cosas, la Moncloa no pasa por alto que Turull podría ser inhabilitado cuando acabe el juicio al 1-O. Aquí aventuran que se podría empezar una nueva guerra con ERC, ya que el número 2 del próximo Govern seguramente sea republicano. Por lo tanto, el vicepresidente asumiría las funciones de Turull y tendría la llave para convocar elecciones de inmediato, o esperar a que se agote la legislatura, algo que le permitiría "controlar el calendario". "Son cosas que pasan en los gobiernos de coalición", ironizan al respecto.

De todos modos, nada de eso tendría que influir para que se levante el 155 tan pronto como haya nuevo ejecutivo de la Generalitat, y así lo manifiestan las fuentes del Gobierno.