El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar la regularización extraordinaria que entró en vigor el pasado abril, a la que, según la abogacía del Estado, han solicitado acogerse 549.596 migrantes. 91.505 peticiones fueron admitidas a trámite. El recuento de peticiones está actualizado hasta este jueves y ha sido revelado en representación del Gobierno durante una de las cinco vistas que ha celebrado este viernes la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, justo antes de que éste decidiera no paralizar de forma cautelar la medida extraordinaria, tal y como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otras.
Durante una de las sesiones, el abogado del Estado ha revelado la cifra de solicitudes para defender que su admisión a trámite no se hace de manera automática, sino que se produce una revisión previa de los documentos aportados para acreditar que se cumplen requisitos esenciales. Además, ha garantizado que no habrá un colapso de servicios porque el proceso está pensado para conseguir "la integración de las personas que ya están en España" desde antes del 1 de enero pasado y llevan en el país al menos cinco meses antes del momento de la solicitud, como marcan los requisitos. El abogado del Estado también ha enaltecido los efectos positivos de la regularización a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB
En su respuesta a algunos de los argumentos contrarios al proceso de regularización, el abogado del Estado ha negado rotundamente que las personas que se beneficien de la medida extraordinaria puedan votar en las próximas elecciones porque para ello es necesario tener la nacionalidad. También ha dejado claro que los regularizados no pueden tener antecedentes penales y que la autorización que se concede habilita a residir y trabajar solo en España, no en toda la Unión Europea.
147.000 niños en situación irregular
Además del abogado del Estado, durante las sesiones en el Supremo también han intervenido dos letrados de las entidades sociales personadas en el proceso como parte codemandada en cuatro de los cinco recursos, es decir, de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Servicio Jesuita al Migrante (SJM). Estas han llamado la atención sobre el hecho de que actualmente hay 147.000 niños y niñas que podrían beneficiarse de este proceso, que ya se han emprendido seis regularizaciones en el pasado por parte de diferentes gobiernos y que las autorizaciones de residencia son competencia del Estado no delegada a la Unión Europea.
Críticas desde Madrid
A su vez, el abogado de la Comunidad de Madrid ha puesto énfasis en los efectos que prevé que tendrá la regularización en sus servicios públicos y ha remarcado que es "grosero y rotundamente falso" que no haya impacto presupuestario de la norma, como ha defendido el Gobierno español. Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha advertido de los efectos en el gasto para la administración y el censo electoral, la urgencia con que se ha adoptado la medida y el conflicto "brutal" que genera con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. En declaraciones a los medios a la salida de la vista, Buxadé ha sostenido que la regularización es "manifiestamente ilegal", que el Gobierno español tiene como "única finalidad darle papeles a todo el mundo" y que el proceso provocará un "brutal incremento del gasto público", preguntándose quién lo asumirá y si habrá que expropiar las sedes del PSOE.