El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la regularización masiva de inmigrantes en forma de real decreto anunciada hace semanas. Se calcula que se podrán beneficiar aproximadamente medio millón de inmigrantes. El Gobierno ha incorporado la recomendación efectuada por el Consejo de Estado de hacer imprescindible por parte del solicitante acreditar que no tiene antecedentes penales. En un primer momento, si el inmigrante no lo podía acreditar por trabas burocráticas del país de origen, podía firmar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. El PP presentó una enmienda en el Senado que viajó al Congreso y que el Gobierno vetó con la excusa de que hubiera afectado los presupuestos generales del Estado: los populares abogaban por hacer obligatoria la acreditación de inexistencia de antecedentes. Formaciones como Junts per Catalunya habrían votado a favor. 

En todo caso, y según ha avanzado este martes el diario El País, el Gobierno ha optado por endurecer los criterios para acogerse a la regularización pero, a cambio, ayudarles a acreditar la falta de antecedentes: será el mismo ejecutivo de Pedro Sánchez quien lo solicite a terceros países a través de vías diplomáticas durante tres meses. Una vez pasado este plazo, el inmigrante tendrá 15 días para conseguirlo por su propia cuenta. Si no lo consigue, no será regularizado. 

La encargada de presentar este decreto ha sido la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que es también ministra de Migraciones. Ha señalado que la iniciativa cuenta con “legitimidad política, social y económica” porque la regularización es beneficiosa en términos económicos, es una propuesta que contó con una amplia mayoría social traducida en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y porque el Congreso —solo con la excepción de Vox— tomó en consideración esta propuesta. 

El primero en defender esta regularización masiva ha sido Pedro Sánchez en una rueda de prensa desde Pekín. "Lo que hacemos es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país", ha resumido, además de destacar que es un proceso "como ya hemos tenido otros en cuarenta años de democracia" y poner como ejemplo a José María Aznar. "Ha sido pedido por distintos actores que poco tienen que ver con el Gobierno, como la Iglesia o la patronal", ha señalado para pedir al actual PP de Alberto Núñez Feijóo que avale esta medida. El apoyo del PP, sin embargo, es aritméticamente innecesario. Se trata de un real decreto que no tiene rango de ley y, por lo tanto, no necesitará ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

Más tarde ha hecho pública una carta dirigida a la ciudadanía en la que asevera que la regularización es “un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”. “Son personas que cuidan a nuestros mayores, que trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas, que innovan, que emprenden, que tienen hijos que comparten clase, juegos y futuro con los nuestros y que construyen la España rica, abierta y diversa que somos y que aspiramos a ser”, añade el presidente del Gobierno.