La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha insistido en que tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien determine si la respuesta del Govern a la sentencia del 25% en castellano en las escuelas catalanas es "acertada, oportuna o correcta". En un desayuno informativo organizado por Europa Press este lunes por la mañana, Alegría ha remarcado que no conoce el contenido del decreto que aprobará la Generalitat ni si este será la respuesta que traslade al TSJC, pero ha insistido en que las sentencias firmes se cumplen. "No hay debate que valga", ha dicho. Alegría ha subrayado que lo que quiere el Gobierno es que todos los estudiantes "sepan desarrollarse con la misma fluidez" en catalán y castellano. Alegría ha pedido que se deje de utilizar la lengua como "arma arrojadiza" y ha apuntado que la alta inspección educativa ya se ha dirigido a la Generalitat para saber cuál será la respuesta que dé, pero "de momento" no tienen respuesta.

El Consell Executiu se reúne este lunes de forma extraordinaria para aprobar un decreto ley que blinde la inmersión lingüística en catalán en las escuelas y proteja los docentes y los centros ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impone un 25% de clases en castellano. El TSJC dio de plazo hasta el martes, 31 de mayo, para que la Generalitat ejecute esta orden en todas las escuelas e institutos del país. Una vez entre en vigor el decreto, sin embargo, hará falta que el Parlament lo convalide.

La norma que acordará hoy el Govern es complementaria a la ley que se está tramitando en el Parlament después del acuerdo entre el PSC-Units, ERC, JxCat y en Comú Podem para fijar la lengua catalana como vehicular en la enseñanza y la castellana como idioma "de uso curricular". La proposición de ley está parada ya que Vox, Cs y el PP catalán han pedido que el Consejo de Garantías Estatutarias se pronuncie sobre su adecuación al Estatuto, lo cual retrasará la aprobación final.

La CUP, crítica con el decreto

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha denunciado que el decreto "consagrará la segregación escolar por motivo de lengua". En una entrevista en la Ser Catalunya' Riera cree que dejar en manos de los centros educativos la decisión sobre la proporción de catalán y castellano supondrá que "al final habrá porcentajes". "En este contexto de presión, todas las proyecciones indican que tendremos una tendencia de aumento del castellano en todas partes. Un alumno dependiendo de qué escuela va se encontrará con un proyecto lingüístico diferenciado. Es lo que se llama segregación escolar en función de lengua", ha añadido.

Riera ha criticado que ERC, Junts, PSC y comuns hayan pactado una nueva ley que "retrocede" porque, según ha dicho, establece que el castellano también sea lengua vehicular. "Convierten en ley catalana la tesis principal del TSJC, que dice que el castellano también tiene que ser lengua vehicular", ha lamentado. Y es que, según Riera, la "urde" entre los cuatro partidos "da la espalda" al consenso mayoritario a favor de la inmersión.