Maria Jesús Montero defendía que no había alternativa a su decreto de remanentes. El Congreso lo tumbó la semana pasada, pero resulta que sí que había plan B. El Gobierno suspenderá la regla de gasto, aferrándose a la situación excepcional, para que los ayuntamientos puedan invertir sus superávits. Según ha confirmado la propia ministra de Hacienda este lunes por la mañana, se suspenderá para el año 2020 y probablemente para el 2021. "El Gobierno no dejará a nadie atrás", ha defendido Montero en La Sexta. También aprobarán medidas para los ayuntamientos con riesgo financiero.

Según informan desde el Ministerio de Hacienda, el Gobierno impulsará en las próximas semanas un nuevo decreto. Esta nueva norma suspenderá la regla de gasto para el 2020, prorrogará el uso del superávit para inversiones financieramente sostenibles y "concederá mejores condiciones financieras para ayuntamientos con problemas financieros". El ejecutivo califica el impacto en más de 3.000 millones de euros.

El decreto suspenderá la regla de gasto para el 2020 y también prorrogará para el 2020 el uso del superávit de 2019. También se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. Es decir, no se liberan todos los remanentes, pero los consistorios podrán gastar el dinero de su superávit de los ejercicios de 2018 y 2019.

En cuanto a los ayuntamientos con riesgo financiero, podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. También se permitirá a estos consistorios cancelar sus deudas del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores a través de préstamos bancarios.

Entrevistada en LaSexta, María Jesús Montero ha explicado que el decreto suspenderá la regla de gasto para el 2020, pero que trabajan para que "las reglas fiscales estén suspendidas también para el año que viene". Con este giro inesperado, el objetivo es rescatar el 85% de las medidas del decreto tumbado, ha argumentado.

Los principales obstáculos para Hacienda eran la ley de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro y el artículo 135 de la Constitución, reformado por el gobierno Zapatero en plena crisis del 2008.

Primera derrota parlamentaria

Con la derogación del decreto de los remanentes, el gobierno de coalición sufrió el jueves pasado su primera derrota parlamentaria. Se quedó absolutamente solo: 193 votos en contra y 156 a favor. Tenía una fuerte contestación del mundo local. Una contestación transversal, que iba de la oposición de la derecha hasta los socios de la investidura, pasando por la misma Unidas Podemos. Todas estas formaciones denunciaron lo que consideraban una "confiscación" del Estado, que era quien distribuía estos remanentes.

Después del debate, cuando ni siquiera se había votado el decreto, Montero salió ante la prensa para admitir la derrota, pero responsabilizó a todo el resto. En la misma comparecencia descartó presentar una alternativa, porque ahora, dijo, correspondía al resto de grupos presentar una propuesta alternativa para ser debatida. Durante el fin de semana, sin embargo, ha sido capaz de encontrar un plan B.