La detención del president Carles Puigdemont en el Alguer, a la espera de cómo se resuelva, lo ha trastocado todo en la política catalana y española. O casi todo, porque no ha alterado, hoy por hoy, el discurso del Gobierno, que ha seguido la crisis de cerca. Ya pasada la una de la madrugada, La Moncloa ha emitido un comunicado público donde expresa su "respeto" a las decisiones de los tribunales italianos y concluye: "En consecuencia, Puigdemont tiene que someterse a la acción de la justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano".

Se trata de un comunicado breve de tres puntos. Por una parte, desde el gobierno central aseguran que "la detención del señor Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que tiene que responder de sus actos ante los tribunales". Por otra parte, La Moncloa "manifiesta su respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos, como siempre lo ha hecho con los tribunales españoles y europeos que han dictado resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan al señor Puigdemont". Y concluye asegurando que Puigdemont es como "cualquier otro ciudadano".

Aunque el discurso público del Gobierno no se mueva de las coordenadas habituales, sí que es un obstáculo importante en el panorama político que tiene por delante. La detención del president Puigdemont, cuando según la defensa del presidente tendría que tener la euroorden suspendida, llega una semana después de la mesa de diálogo, coja por la ausencia de Junts per Catalunya. Y llega también cuando se inicia la negociación de los presupuestos del Estado, donde los votos de los partidos independentistas serán claves para que Pedro Sánchez vuelva a aprobar unas cuentas públicas. Se añade un nuevo elemento encima de la mesa: la situación de los exiliados que no resolvieron los indultos parciales.

El Supremo y la euroorden

La detención viene cargada, además, de controversia jurídica. El Tribunal Supremo asegura que la euroorden contra el president Carles Puigdemont nunca se desactivó. Fuentes del alto tribunal consultadas por ElNacional.cat afirman que la cuestión prejudicial que planteó el juez instructor Pablo Llarena al Tribunal de Justicia de la UE sólo se refiere a una aclaración sobre la decisión de Bélgica de desestimar la extradición de Lluís Puig y no afectar para nada a la decisión que se pueda tomar en Italia. No obstante, cuando el pasado mes de julio el Tribunal General de la UE volvió a levantar la inmunidad de Puigdemont lo hizo con el argumento que no había riesgo de detención inminente del político independentista.

Eso es lo que tendrá que resolver mañana el juez de la Corte de Apelación de Sassari después de que Puigdemont ha sido retenido este viernes por la policía fronteriza cuando ha aterrizado en el Alguer procedente de Bruselas. En estos momentos el president está detenido a la espera de pasar mañana a disposición judicial.

Desde que el TGUE suspendió la inmunidad de los tres eurodiputados de Junts, tanto Puigdemont, como Toni Comín y Clara Ponsatí han viajado con normalidad a Estrasburgo, donde han participado en las reuniones de la Eurocámara, y a la Catalunya Nord, sin problemas. Los eurodiputados de Junts han comunicado al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, la situación de Puigdemont.