El acto de inauguración del año judicial de este jueves marcó el pistoletazo de salida de un curso que encamina al Gobierno y la judicatura a un puro choque institucional. Los casos de los familiares de Pedro Sánchez y los de corrupción que rodean al PSOE acorralan al presidente del Gobierno. Una de estas tramas, incluso, consiste en investigar si los socialistas financiaron una trama para conseguir información delicada de jueces y fiscales, y así frenar causas judiciales. Estos casos han pasado a un segundo foco desde el arranque del verano, a causa del caso Ceuta. Pero incluso la crisis migratoria ha desencadenado un nuevo embate con el entorno de confianza de Sánchez cuestionando a María Tardón como jueza. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ya avisa que la judicatura no aceptará "presiones" por parte de otros poderes del Estado.
Antes de irse de vacaciones, Sánchez sabía que este año electoral —de municipales, autonómicas y generales— sería un auténtico viacrucis judicial: el Supremo ya ha condenado a José Luis Ábalos a prisión, ya ha inhabilitado al ex fiscal general del Estado, su hermano ya ha sido inhabilitado, su esposa se enfrenta a un juicio con jurado popular, continúan en marcha las instrucciones del caso Koldo-Cerdán, también las investigaciones de las supuestas cloacas de Leire Díez, y con José Luis Rodríguez Zapatero también acusado de liderar una trama internacional de tráfico de influencias. Al volver, el Supremo ha paralizado el derecho a voto reconocido en la llamada ley de nietos, uno de los apartados de la ley de memoria democrática; y la Audiencia Nacional ya se ha puesto a investigar el caso Ceuta, con la jueza señalada por el ministro Óscar Puente.
"La tensión es innegable"
El titular de Transportes, que también actúa como portavoz en la sombra, ha asegurado esta semana que "la tensión es innegable" entre el Gobierno y los jueces. En una entrevista radiofónica, afirmaba que "hay jueces intentando hacer política en este país" y que "hay que estar ciego para no verlo". Acusaba a una parte de la magistratura de querer "gobernar el país por detrás". Sobre la ley de nietos, sostenía que "el Tribunal Supremo compra las tesis de la derecha y la ultraderecha".
Las acusaciones de lawfare
Ya hace tiempo que Sánchez, sin miramientos, se reivindica como víctima de lawfare. Su estrategia pasa por perimetrar qué es, según él, persecución política y qué no: admite que los casos de corrupción dentro de la sala de máquinas del PSOE lo son (a pesar de negar ninguna trama de financiación irregular); y entonces asegura que sus familiares son objetivos políticos. Pero ahora, ante la negligente actuación del Gobierno español en Ceuta, Puente pone la tirita antes de la herida: ha puesto en duda la independencia judicial de la jueza de la Audiencia Nacional por haber sido concejala del Ayuntamiento de Madrid con el PP, y señala a esta magistrada, María Tardón, por la filtración del informe policial que apunta a una autoría marroquí.
La presidenta del Poder Judicial censura las "presiones" y las "graves" críticas del Gobierno
Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del Supremo ya le ha contestado. En su discurso de este jueves, denunció las "acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones", una circunstancia que calificó de "extraordinaria gravedad". Y advirtió que "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre su ejercicio". Hace unas semanas, un conjunto de asociaciones jurídicas también salían en defensa de la "independencia judicial", y se revolvían por los indicios que señalan al PSOE por orquestar una trama para "deslegitimar" a miembros del poder judicial.
La fiscal general, irritada con el Supremo pero en defensa de la independencia judicial
Incluso el clima interno en el ecosistema judicial no es bueno. La fiscal general del Estado ha tirado de las orejas al Tribunal Supremo en más de una ocasión en los últimos meses por haber fulminado a su antecesor en el cargo: Álvaro García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación especial por el Tribunal Supremo al considerarlo responsable de la filtración de un correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En aquel mail, Alberto González Amador admitía haber cometido un delito de evasión fiscal y proponía a la Fiscalía llegar a un pacto. Según la actual ocupante del cargo, Isabel Perelló, aquella condena ha dejado una profunda "herida" dentro de la Fiscalía.
Sin embargo, este pasado jueves también se sumó a los mensajes en defensa de la independencia del Poder Judicial; en su caso, de los fiscales. Reivindicó que "transparencia y crítica legítima no se pueden confundir con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad".
La excepción del Supremo y la amnistía a Puigdemont
Mientras tanto, en el Tribunal Supremo se producen movimientos que evitarían que nadie se comiera la patata caliente de aplicarle la amnistía a Puigdemont; ni el PSOE cuando haya nuevas elecciones generales, ni Feijóo si acaba siendo presidente la próxima legislatura. Fuentes del entorno de Pablo Llarena han explicado que prevén amnistiar al president de la Generalitat en el exilio a finales de octubre, aprovechando un previsible amparo a Jordi Turull por parte del Tribunal Constitucional. Si esta resolución es amplia y marca doctrina, se haría extensible al líder de Junts per Catalunya, afirman. Y acabaría así no solo la persecución a Puigdemont, sino también una carpeta que ha tensado enormemente las relaciones entre el Gobierno y el Supremo.