Los operativos de repatriaciones de ciudadanos marroquíes de territorio español a El Aaiún, la capital saharaui, son una realidad y continúan en pleno 2025. Así lo destapa este medio en el reportaje sobre la ruta de expulsiones a Marruecos a través de Sáhara Occidental ocupado. Las fuentes consultadas por ElNacional.cat detallan cómo las deportaciones se centralizan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con una parada intermedia generalmente en Las Palmas de Gran Canaria, hacia el aeropuerto Internacional de El Aaiún (o de Hassan I, según la terminología oficial marroquí). Pero para confirmar —reconfirmar, más bien dicho— estos dispositivos de manera oficial, este medio solicitó a través del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado varias cuestiones relacionadas con este tema que desde el Ministerio del Interior declinaron responder y limitar el acceso a la información bajo el paraguas del artículo 14.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En el documento adjunto, se puede observar que la limitación de acceso a la información se basa en que "el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para... las relaciones exteriores". Este medio planteó tres cuestiones: conocer las expulsiones materializadas a Marruecos desde España entre 2020 y 2024, las rutas aéreas para la repatriación de ciudadanos marroquíes desde territorio español y si en los últimos cinco años se han realizado las deportaciones marítimas o por tierra desde Ceuta y Melilla hasta el reino alauí. Ninguna fue respondida, dado que se aseguraba que "la difusión de este tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con posibles países afectados, dificultando en un futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la eficacia de las nuevas expulsiones".
La respuesta del Gobierno y la evidencia de Frontex
Pese al raciocinio veraz de la respuesta, en el primer punto, sobre las repatriaciones materializadas a Marruecos desde España, la propia Fiscalía General del Estado difundió en su memoria de 2023, según datos policiales, que en ese mismo año se materializaron un total de 748 expulsiones de ciudadanos extranjeros con condenas de prisión —número que sería mayor en el caso de las personas sin antecedentes y que tan solo se encontraban en situación irregular. De estos, 132 eran albaneses, 120 colombianos, 78 marroquíes, 46 brasileños y 43 georgianos, entre otros. Esto confirma que la difusión se ha realizado por diferentes vías, también por los medios de comunicación, para explicar en detalle estos procesos llevados a cabo por el Estado.
Respecto a la segunda y tercera pregunta, sobre las rutas aéreas, marítimas y terrestres de expulsiones de ciudadanos marroquíes a su país de origen desde territorio español, la respuesta del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, ha sido la siguiente: "Los datos sobre operativos que desarrolla la Policía Nacional, forman parte de la esfera de información sensible y no pública, no pudiendo ser facilitados al constituir un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales intervinientes". Algo que, en parte, es cierto y cabe destacar la excelente labor profesional y humana que lleva a cabo la Unidad Central de Repatriaciones (UCR) de la Policía Nacional, tanto en los trámites como en el proceso final.
No obstante, en muchos casos se han hecho públicas y se han visto y documentado las famosas "devoluciones en caliente", que fueron utilizadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante el conflicto fronterizo de 2021 en la ciudad española de Ceuta, con base al acuerdo entre España y Marruecos firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992 y publicado en el BOE el 25 de abril de ese mismo año. Y más aún, antes de entrar en la información en detalle publicada por ElNacional.cat sobre repatriaciones de ciudadanos marroquíes que continúan como norma a través de El Aaiún; el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo realizó un seguimiento de un operativo de repatriación de catorce ciudadanos marroquíes en un vuelo fletado especialmente para ello desde Madrid con paradas en Murcia y Las Palmas y destino final la capital del Sáhara Occidental y con el uso de la aerolínea marroquí Royal Air Maroc. Este tipo de vuelos se realizan, en algunos casos, bajo la supervisión de Frontex, Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea.
De hecho, fuentes de Frontex han explicado a ElNacional.cat que, aunque la agencia no participa en todas las repatriaciones de ciudadanos marroquíes desde territorio español, este 2025, hasta el mes de junio, ha llevado a cabo junto a las autoridades españolas un total de 16 expulsiones a Marruecos, incluyendo los nacionales de terceros países. También han facilitado los datos entre 2021 y 2024, como se puede ver en la tabla anterior, algo que contrasta con lo expresado por el Portal de Trasparencia de la Administración General del Estado, que ha negado el acceso a estos datos estadísticos. Las mismas voces de Frontex han recordado a este medio que para más información relevante sería necesario contactar con las autoridades del Estado español.
Las expulsiones de ciudadanos marroquíes al Sáhara Occidental
Como ha explicado este medio a través de diferentes fuentes, existen dos rutas de expulsiones de ciudadanos marroquíes, sean por un dictamen relacionado con actos delictivos o por encontrarse en situación irregular en territorio español. Según si se realiza mediante un vuelo fletado especialmente para la repatriación, lo que se conoce como vuelos macro, o si se lleva a cabo junto a pasajeros civiles en vuelos comerciales, las rutas cambian. En el primer caso, tal y como aseguran a ElNacional.cat, se realiza de Madrid a El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, mientras que en las rutas comerciales —donde a diferencia del primer caso, el avión no está repleto de personas que tienen aprobada la orden de expulsión de España—, van a las ciudades marroquíes de Casablanca, Tánger, Marrakech y Fez.
Este hecho, del que se conoció una primera vía de expulsiones en 2021, en el caso de la capital saharaui bajo ocupación marroquí, continúa siendo habitual sin que el Gobierno haya intentado revertirla. Más aún, tras la Declaración Conjunta entre España y Marruecos el 7 de abril de 2021, en la que, en el punto 1, se recoge que "España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo". Algo que, pese a no reconocer la soberanía del reino alauí en el territorio, contrasta con el hecho de que la ONU sigue sosteniendo que el Estado español es la potencia administradora del Sáhara y, por tanto, debería cumplir con las obligaciones de los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas.
Entre otras, en el artículo 73 se especifica que se deben "tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos" hasta llegar a "sus libres instituciones" para desarrollar el "gobierno propio", cuestiones que contradicen el apoyo del Ejecutivo de Sánchez a la propuesta de autonomía marroquí del Sáhara Occidental, excolonia española a la que se le prometió un referéndum planteado desde 1966 por la ONU y que nunca se ha materializado. Ahora, las expulsiones de ciudadanos de un tercer país —que ocupa el territorio de forma ilegal según el derecho internacional— desde España continúan, por la buena vecindad con Marruecos en la que se amparan los actuales gobernantes españoles.