Mariano Rajoy no se querellará contra la secretaria general de ERC Marta Rovira por las acusaciones sobre que el gobierno español habría hecho llegar por varios canales la amenaza de "muertos en la calle" y "uso de balas", en caso de que se pusiera en marcha la independencia, como había insinuado la republicana en una entrevista radiofónica. Lo exponían fuentes del ejecutivo este viernes en los pasadizos de la Moncloa recordando que eran "declaraciones políticas", aunque el portavoz Íñigo Méndez de Vigo las había tildar de "burda mentira" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Los dirigentes secesionistas nos han acostumbrado a mentir. Dijeron que la DUI tendría efectos provechosos, dijeron que tendrían apoyo europeo y que 32 estados les reconocerían la República catalana y ha habido cero. Dijeron que las estructuras de Estado estaban organizadas. Mentira tras mentira, es una burda mentira", ha repetido hasta dos ocasiones Méndez de Vigo. El ministro ha añadido más tarde que "Puigdemont dijo que aceptaría las responsabilidades políticas" y no habría sido así, como consecuencia de su viaje a Bruselas, donde declara este viernes.

La cuestión es que De Vigo ha cargado duramente en su intervención denunciando que el proyecto independentista era un "inequívoco fracaso político" y "no tenía futuro". "Han causado el mayor daño a Catalunya y a su autogobierno, los responsables son los dirigentes secesionistas", ha dicho el representante ministerial, aunque la aplicación del 155 le correspondía al ejecutivo. Por ese motivo, se ha emplazado a las elecciones del 21-D como forma de acabar con "proyectos excluyentes, salida de empresa, falta de confianza, ruptura de la convivencia", en alusión al proceso soberanista.

En el Gobierno insisten, sin embargo, en esta "nueva etapa política" caracterizada por el "principio de legalidad, rehacer el tejido económico y la empresa, y la pluralidad", que piden al nuevo Govern de la Generalitat, pero no aclaran el alcance de la reforma constitucional, como contrapartida para dar salida a las demandas del soberanismo. Eso pasa después de que el Partido Popular rebajara las expectativas del PSOE el miércoles, durante la inaguración de la comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, aunque la modificación de la carta magna, según los socialistas, era la contrapartida al apoyo al 155.

Así las cosas, De Vigo ha repetido los argumentos de Rajoy esta semana sobre la necesidad de una revisión y "balance" de los 40 años del texto constitucional, pero ha insistido en varias ocasiones sobre la necesidad de una mayoría. "Si no hay consenso suficiente es muy difícil" exponía el portavoz con "total honestidad y claridad". Por ese motivo, ha apelado a la presencia de ERC y PDeCAT, así como de Unidos Podemos y el PNV, que dejaron solos a PP, PSOE y Cs en la comisión. "Que rectifiquen, son los grupos que han hablado una vez y otra del diálogo y no quieren ni participar", se ha quejado.