El Ministerio del Interior ha iniciado una investigación sobre los guardias civiles que han afirmado estar dispuestos a "derramar" su sangre en contra del acuerdo del PSOE y Junts que abre la puerta a la investidura del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a una ley de amnistía a favor de los protagonistas del Procés. Según adelanta ElDiario.es este viernes, el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado a la comandancia de información del Cuerpo -la estructura de élite- identificar los miembros de la Asociación pro Guardia Civil que han publicado el comunicado. En este aseguran que están "dispuestos a rebosar la última gota" de su "sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional".
Las autoridades identificarán a los guardias civiles detrás del comunicado y después se abrirá la correspondiente investigación interna por infracciones disciplinarias. Aparte, también se estudiará si con este comunicado han cometido algún delito, han avanzado a elDiario.es fuentes de la Guardia Civil.
Por el momento, según las mismas fuentes, la dirección del instituto armado cree que existe un "grave incumplimiento del deber de neutralidad política y otras obligaciones básicas" de los agentes que forman parte del cuerpo de la Guardia Civil. El escrito se ha enviado a la Dirección Adjunta Operativa y a la Asesoría Jurídica y adjunta copia para la comandancia de información. Los autores del escrito se prevé que, una vez sean identificados, presten declaración ante Régimen Disciplinario.
La Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), una de las organizaciones más representativas de este cuerpo policial, ha emitido este viernes un contundente comunicado en el cual muestra sin ningún tipo de duda su rechazo más feroz al entendimiento. Una de las frases del texto evidencia en qué abren la puerta, si hace falta: "Estamos dispuestos a rebosar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional".
Para la Aprogc, la principal preocupación es una medida de gracia que, según dicen, podría difuminar la separación de poderes. "Aquellos que tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que solo la administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento para que los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado", afirman. Añaden, también, que están observando "esperanzados" el compromiso y la tenacidad del Poder Judicial "para mantener su independencia", y esperan que "encuentre el camino para preservar el estado de derecho". "En su tarea encontrarán nuestro firme e indudable compromiso con el fin de garantizar la igualdad ante la ley y su aplicación, especialmente delante de aquellos que sistemática y arbitrariamente demuestran vocación de situarse por encima de todos y la ley", dicen, en un reproche directo contra los líderes independentistas.