El acuerdo entre Junts y el PSOE para investir a Pedro Sánchez a cambio de conseguir la amnistía para los líderes independentistas del procés ha hecho saltar todas las alarmas entre la derecha más reaccionaria. Ya ha mostrado su oposición el mundo político, el mundo judicial y el mundo eclesiástico. Y ahora se ha sumado parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), una de las organizaciones más representativas de este cuerpo policial, ha emitido este viernes un contundente comunicado en el cual muestra sin ningún tipo de duda su rechazo más feroz al entendimiento. Una de las frases del texto evidencia en qué abren la puerta, si hace falta: "Estamos dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional".
Para la Aprogc, la principal preocupación es una medida de gracia que, según dicen, podría difuminar la separación de poderes. "Aquellos que tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que solo la administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento para que los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado", afirman. Añaden, también, que están observando "esperanzados" el compromiso y la tenacidad del Poder Judicial "para mantener su independencia", y esperan que "encuentre el camino para preservar el estado de derecho". "En su tarea encontrarán nuestro firme e indudable compromiso con el fin de garantizar la igualdad ante la ley y su aplicación, especialmente delante de aquellos que sistemática y arbitrariamente demuestran vocación de situarse por encima de todos y la ley", dicen, en un reproche directo contra los líderes independentistas.
"Los guardias civiles observamos el pacto publicitado con profunda preocupación. Consideramos que pretende vaciar de contenido la misión constitucional que tenemos encomendada las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente la policía judicial", lamentan. El acuerdo se hizo público este mismo jueves, e incluirá, dentro de la futura ley de amnistía, "situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política", mientras que se abrirán comisiones de investigación parlamentarias para aclarar estos mismos casos de 'lawfare'. "¿De qué ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por los guardias civiles, por los policías y por los jueces fiscales en los últimos 40 años?", continúa.
Además, la asociación de Guardias Civil recuerda que el artículo 104 de la Constitución encomienda las fuerzas y los cuerpos de seguridad "la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana". "La forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la bandera como militares que somos", afirman.