La exhumación de Francisco Franco "continúa su curso". De esta manera ha reaccionado la Moncloa a la decisión de un juzgado este martes de paralizar el procés de traslado de sus restos del Valle de los Caídos al lugar donde escoja la familia. Fuentes del Gobierno denuncian el "obstruccionismo" del entorno del dictador a través de la presentación de múltiples demandas, que retrasan el procedimiento.
Este martes, el magistrado José Yusty Bastarreche del juzgado contencioso-administrativo 3 de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por un particular y ha acordado la suspensión cautelar. Este hecho todavía añade más dificultades a la intención del ejecutivo de realizar el traslado del dictador antes del 28 de abril, es decir, antes de las próximas elecciones españolas.
Después de tener conocimiento del auto, el gobierno Sánchez sostiene que "el expediente de exhumación y posterior reinhumación de Francisco Franco, impulsado por el Consejo de Ministros, continúa su tramitación con absoluta normalidad, cumpliendo la ley y observando los plazos y resto de garantías procedimentales". En este sentido, recuerdan que "los juzgados contenciosos-administrativos no son competentes" para resolver acuerdos del Consejo de Ministros, sino que sólo lo es el Tribunal Supremo.
Ante este nuevo revés, desde el Gobierno critican que "estamos en presencia de un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Francisco Franco está practicando con la decisión de un parlamento y un gobierno democrático". En este sentido, en Moncloa tienen constancia de hasta 12 demandas judiciales — "todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes"— para reclamar la suspensión.
De estas, indican fuentes del ejecutivo, en siete ya se han rechazado medidas cautelares urgentes. "Esta ha sido la única en la que el juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes en las que ni siquiera se ha escuchado a la otra parte". La Moncloa ve muy clara la estrategia de la familia Franco: "obligar a que sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno, como así ha ocurrido, se dé la razón a la parte demandante".
Frente a esta ofensiva judicial, la Abogacía del Estado trabaja "desde hace días" para acumular todos los procedimientos en uno solo "para garantizar que exista un única pronunciamiento". El ejecutivo de Sánchez admite que estos procedimientos "podría retrasar la fase final de la ejecución material" de la exhumación del dictador, "fase en la que todavía no nos encontramos y que precisa aún de otros trámites administrativos".