Luis Rubiales está viviendo un momento muy complicado desde que estalló la polémica el pasado 20 de agosto por el beso forzado a Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial de fútbol femenino en Sídney. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto expediente al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por una falta "grave", después de que el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), lo denunciara por su comportamiento. Aunque, esta no es la primera vez que Rubiales se enfrenta a una posible inhabilitación por parte del Gobierno, ya que, hace más de 2 años, un informe interno del CSD aconsejó inhabilitarlo "por abuso de autoridad o poder". Según destapa El Mundo, la subdirectora general del Deporte Profesional y Control Financiero del CSD concluyó el 22 de febrero de 2021 que Rubiales "había abusado de su autoridad" para "apropiarse y comercializar los derechos audiovisuales de los clubs de fútbol femeninos" a través de la federación.
Así pues, el informe destaca que Rubiales había hecho un "uso desmesurado de las facultades inherentes a su cargo", y, por lo tanto, "se había excedido y aprovechado de las mismas en beneficio propio y no de los intereses federativos". Además, señalaban que esta actitud había sido para lucrarse personalmente "al percibir como remuneración un porcentaje de los ingresos de la RFEF", una condición que constaba en su contrato.
Abuso de autoridad
La Asociación de Clubs de Fútbol Femenino de Categoría Nacional (ACFF), denunció a Rubiales y a su secretario general en la RFEF, Andreu Camps. Según apunta el citado diario, el colectivo los acusó de haberse intentado apropiar "de los derechos audiovisuales de los clubs y de su comercialización". Además, detallaban que habían reclamado una "cesión forzosa de estos", y que posteriormente habían recibido numerosas "medidas de presión" por haberse negado a la entrega. Por estas razones, los clubs pedían al CSD que elevara al TAD la conducta de los principales responsables de la RFEF por abusar de su autoridad, vulnerar la integridad de la competición, utilizar incorrectamente subvenciones públicas, así como por incumplir sus propios estatutos.
De acuerdo con la denuncia, la subdirectora general del deporte del CSD elaboró una resolución donde apuntaba que ambos habían incurrido en "un abuso de autoridad o de poder al imponer acuerdos para poner en peligro los intereses económicos" de los clubs de fútbol femenino, y, determinó que la RFEF había excluido algunos clubs de ayudas públicas y eso podría haber afectado a la "integridad de la competición". Finalmente, consideró que se podía elevar la denuncia al TAD. En la misma línea se situó el subdirector general de Régimen Jurídico del Deporte del CSD, que coincidió en que la RFEF "había abusado de su posición dominante" para "discriminar, sin justificación aparente, a los clubs que no han cedido sus derechos televisivos a la RFEF".
Justificación de la RFEF
Después de las conclusiones del CSD, la RFEF recurrió alegando que las actuaciones se habían hecho "de conformidad con su normativa", y que, entonces, "ningún incumplimiento hace falta atribuir, ni en materia de competencia desleal ni, por descontado disciplinaria a sus directivos". Con todo, hizo referencia a un defecto formal en la tramitación del procedimiento y el CSD admitió esta cuestión. Por eso acordó el 13 de abril volver a incoar el expediente para enmendar las irregularidades formales.
Finalmente, este informe se hizo el mes de diciembre del 2021, por el que era presidente del CSD, José Manuel Franco, que aseguró que Rubiales "había respetado el procedimiento legalmente establecido". Como consecuencia, rechazó la petición de llevar el caso al TAD y evitó así que Rubiales tuviera que hacer frente a una inhabilitación. El dirigente socialista rebajó la categoría "de abuso de poder y autoridad" a "discrepancias jurídicas". "No se acredita una actuación dirigida a satisfacer intereses personales, realizada de manera arbitraria e injusta, excediéndose, excediéndose o aprovechándose de sus facultades, sino que nos encontramos ante una discrepancia jurídica relativa a la comercialización de derechos audiovisuales", apuntó Franco para mantener a Rubiales al poder. Según apunta El Mundo, su decisión se enmarca en una decisión gubernamental para "preservar el equilibrio del fútbol español" y evitar que Javier Tebas se quedara con el control de todo el fútbol español.