Después de que el presidente Quim Torra se haya visto obligar a retirar los lazos y pancartas por los presos y exiliados de los edificios de la Generalitat, desde Moncloa han puesto el dedo a la llaga. Si bien este viernes la portavoz Isabel Celaá ha evitado hacer grandes valoraciones sobre el asunto, sí que ha recordado que "lo que hace Torra es obedecer", haciendo la retirada que tendría que haber hecho desde el primer día que se lo ordenó la Junta Electoral Central.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, la dirigente socialista ha evitado valorar la querella contra la JEC por prevaricación anunciada por el jefe del Govern. En este sentido, se ha limitado a defender que "vivimos en un sistema garantista", y que, por lo tanto, "todas las personas tienen derecho a poder acudir a los tribunales".

Sobre la retirada de los lazos y pancartas este viernes por la mañana, ha señalado que "está ocurriendo lo que había que hacer desde el primer día". En esta línea, ha añadido que "lo que está haciendo Torra es obedecer". La dirigente española tampoco ha querido entrar en el llamamiento de Torra a los ciudadanos para llenar los balcones de esteladas y lazos, porque lo ha considerado una "cuestión electoral".

Por otra parte, ante los ataques del PP y Ciutadans por la actitud con los lazos amarillos en los edificios públicos, el Gobierno se ha visto obligado a defenderse. "El gobierno ha estado absolutamente diligente y eficaz", ha defendido la portavoz Celaá, que se ha mostrado "sorprendida" por la "reiteración de determinadas fuerzas" para pedir al ejecutivo "lo que no tiene que hacer", que ha calificado de "injerencias". A pesar de todo, ha insistido en que "no ha habido ninguna pasividad" desde Moncloa.

Celaá ha recordado que la delegación del Gobierno en Catalunya ha cumplido con todo lo que le ha pedido la Junta Electoral Central, el órgano que consideran competente. Y que lo volverá a hacer este viernes a partido de las tres de la tarde, como le ha reclamado JEC al finalizar el plazo.

Plan de retorno de expatriados

Fuera de la carpeta de los lazos, que ha monopolizado buena parte de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros ha aprobado el plan Un país para volver, con 50 medidas y un presupuesto de 24,2 millones de euros. El objetivo es estimular el retorno de los jóvenes que se tuvieron que marchar del Estado español como consecuencia de la crisis económica. Espera abarcar hasta 23.000 personas cuando se acabe de ejecutar.

Entre las medidas que contempla el plan, hay una "ventanilla única de retorno", bonificación en la cuota de autónomos o diez millones de euros en becas. Según el recuento del Gobierno, de los 2,5 millones de españoles que viven en el extranjero, en torno a 900.000 lo hicieron buscando "oportunidades que no encontraban en su país".