El Consejo de Ministros de este martes, el primero desde el parón estival, ha aprobado un decreto para la creación de un registro "público y obligatorio" de los grupos de interés con el que el Gobierno pretende garantizar más transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración y su relación con los grupos de presión. Esta decisión llega después de que el proyecto de ley sobre los lobbies, que incluía la creación de este registro estatal, haya quedado encallado en el bloqueo del Congreso de los Diputados, con dificultades para reunir una mayoría necesaria entre el Gobierno y sus socios para poder sacar adelante la norma.
El Gobierno presentó la norma en el Congreso en enero de 2025 y, a estas alturas, se encuentra bloqueada en la Comisión de Hacienda y Función Pública, que debe redactar y publicar el informe final sobre el proyecto de ley. El Gobierno recupera la creación de un registro estatal, público y obligatorio en esta norma que atribuye al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la gestión del registro y la potestad sancionadora.
Al aprobarse por decreto ley, la norma entrará en vigor una vez que se publique en el BOE y la cámara baja tendrá 30 días para convalidar, o no, la versión que ha presentado el Gobierno. "La regulación sustancial incluida en este Real Decreto-ley parte del trabajo realizado durante la tramitación del proyecto de ley de lobbies que se encuentra en el Congreso. Así, incorpora enmiendas presentadas por los grupos durante esta tramitación", ha subrayado el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública en un comunicado.
Registro obligatorio y público, descripción de las relaciones y las reuniones
En concreto, la norma a la que ha dado luz verde el Gobierno crea un registro estatal público y obligatorio de grupos de interés, según ha explicado la portavoz del ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha precisado Saiz, este registro será obligatorio y será gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Según el ministro de Transformación Digital, Óscar López, con la norma, el Gobierno "cumple su compromiso con la transparencia, la regeneración institucional y la calidad democrática, tres piezas indispensables en el puzle de la confianza ciudadana".
Tal como ha explicado la ministra portavoz, el decreto detalla quién tendrá consideración de grupo de interés, qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla, y regulará las reacciones entre el personal de la Administración del Estado y los grupos de interés. De esta manera, según la norma aprobada por el ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, son grupos de interés las personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como de terceros, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal o cargos públicos. Por ejemplo, las empresas y las ONG que pretendan ejercer la función de grupo de interés ante la Administración General del Estado.
Por otra parte, la norma define como actividad de influencia cualquier comunicación directa o indirecta con personal o cargos públicos con el objetivo de incidir en la toma de decisiones públicas, el diseño o la aplicación de políticas públicas o la elaboración, modificación o aprobación de normas, en beneficio de intereses propios o de terceros. De esta manera, no es necesario trabajar directamente para una consultora o presentarse profesionalmente como un profesional del sector para quedar sometido a la regulación de los lobistas. Por último, el decreto especifica que entre las personas susceptibles de recibir esta influencia se incluirá a los altos cargos gubernamentales, hasta el nivel de director general, así como personal eventual, asesores y otros empleados públicos con capacidad de intervenir en políticas públicas, procesos normativos o decisiones administrativas.
¿Afectará a Zapatero?
Según detalla el ministerio competente, la inscripción en el registro de lobbies tendrá carácter obligatorio, será gestionada y supervisada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y los datos que contenga deberán estar disponibles y accesibles a través del Portal de Transparencia. Este registro contendrá información sobre las personas que ejercen la actividad de influencia (incluyendo de manera específica aquellas que hayan ejercido puestos o cargos públicos durante los últimos cinco años desde el momento de la inscripción del grupo en el registro), así como su domicilio o sede social, la identificación del grupo de interés y de sus representantes, la actividad desarrollada y las fuentes de financiación, entre otros.
Este capítulo afecta, por ejemplo, a las actividades del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Como antiguo cargo político, deberá explicar, si desarrolla gestiones ante el Gobierno o la administración para defender los intereses de una empresa u organización, quién es la persona representada y cómo ha influido en el Gobierno.
El personal público susceptible de influencia estará obligado a hacer públicas en el Portal de la Transparencia, en el plazo de un mes desde la celebración, todas las reuniones y contactos que mantengan con grupos de interés inscritos en el registro. Por otro lado, las actividades realizadas por los grupos de interés con la finalidad de influir en la elaboración y la adopción de cualquier proyecto normativo y, en su caso, su incidencia, deberán reflejarse en las memorias de análisis normativo de las leyes aprobadas.