Cuarenta minutos. Este es el tiempo que transcurrió entre la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía del delito de malversación por la organización del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya y que el juez del Tribunal Supremo dejara sin efecto las órdenes de busca, captura e ingreso en prisión del president en el exilio, Carles Puigdemont, así como de los consellers que le han acompañado en el extranjero estos últimos nueve años, Toni Comín y Lluís Puig. Es cierto que este martes no es aún el gran día porque aún falta que se resuelvan algunos trámites procedimentales, como que se publique el acuerdo del TC y, posteriormente, que la Sala Segunda del Supremo le aplique la amnistía. Pero ahora sí que, sin margen de error posible, se puede asegurar que el camino del retorno del president en el exilio es, si así lo quiere, cuestión de pocas semanas. Otra cosa es que se haya abierto un debate sobre cuál es el mejor momento para el retorno y que, después de nueve años de exilio, las cosas se quieran hacer de la mejor manera posible.
Dos lecturas obligadas tras el pronunciamiento del Constitucional y la posterior retirada por parte de Llarena de las órdenes de detención: es poco discutible que la derrota de la justicia española es inapelable y que el estirón de orejas del TC al Supremo respecto a la interpretación reiterada que ha sostenido de la malversación es importante. Aunque el pronunciamiento era respecto al amparo solicitado por la consellera Dolors Bassa, lo que señala es extendible a todos: "El Tribunal [por siete votos a cinco] ha concluido que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al rehusar la aplicación de la amnistía a la recurrente en amparo en lo que se refiere al delito de malversación de caudales públicos, ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva […] por fundarse su decisión en una interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad de la norma". En derecho hay poco margen para decir las cosas con tanta contundencia. Respecto a la doctrina del Supremo, que sostenía que los gastos del 1-O perseguían una finalidad política y pública, pero, al mismo tiempo, quienes promovieron el referéndum obtuvieron un beneficio patrimonial personal porque, al pagarse con dinero público, se ahorraron tener que sufragarlos con su propio patrimonio, la dureza del Constitucional también es poco habitual. Así, manifiesta que la contradicción es flagrante e insoluble y supone una quiebra de racionalidad inconciliable con la garantía de que nadie se vea sometido a razonamientos que presenten de manera manifiesta un carácter contradictorio, desrazonado y carente de sentido lógico.
La velocidad informativa de la noticia no debe restar significado a la victoria jurídica y política de la estrategia del exilio
No está diciendo simplemente que el Supremo interpretó mal la ley de amnistía. Está afirmando algo más fuerte: que el razonamiento utilizado para excluir la malversación de la amnistía resulta internamente contradictorio y carece de una conexión lógica suficiente, hasta el punto de vulnerar la tutela judicial efectiva. Aunque en los últimos días se había ido asentando la idea de que el pronunciamiento del Constitucional iba a ser contundente, e incluso el propio Llarena había señalado a principios de septiembre que la posición del Supremo respecto a la amnistía tendría mucho que ver con lo que acabara diciendo el TC, ahora las cosas han quedado más que claras, cristalinas. Ahora, con el movimiento prácticamente simultáneo del TC y de Llarena, se ha dado un paso relevante, pero su alcance es concreto: dejar sin efecto esa medida, la orden de detención. No supone que ya se haya aplicado la amnistía al president ni que su procedimiento haya terminado. Falta que Llarena eleve el procedimiento a la Sala de lo Penal del Supremo para que sea la sala la que aplique la amnistía al president. Ese es el paso que falta y el que debe poner fin a la persecución penal por los hechos amnistiados. Cuando se haya dado, Puigdemont estará en condiciones de fijar la fecha de su regreso, que, según ha repetido reiteradamente, debe enmarcarse en lo que han sido estos nueve años de exilio.
La velocidad informativa de la noticia no debe restar significado a la victoria jurídica y política de la estrategia del exilio. Puigdemont regresará a Catalunya con todos los derechos intactos; la justicia española no habrá logrado que pase ni una única hora en una cárcel de su jurisdicción y todos los que le han venido pronosticando que su retorno sería imposible porque al Estado español no se le derrota, deberán ser mucho más prudentes a partir de ahora. Se le ha derrotado de manera inapelable allí donde el árbitro era neutral, en Europa, y se ha construido un ensamblaje jurídico capaz de sortear primero las detenciones que se produjeron en Alemania —en 2018, en Schleswig-Holstein, cuando regresaba en coche desde Finlandia hacia Bélgica— y en Italia —en 2021, en L'Alguer, en Sardenya—. También se sorteó un episodio anterior en Bélgica, en noviembre de 2017, al poco de llegar a Bruselas, pero técnicamente es diferente: Puigdemont se presentó voluntariamente ante la justicia belga tras emitirse la primera euroorden y quedó en libertad con medidas cautelares. Llarena fracasó en las tres ocasiones, no ha logrado traerlo a España y volverá libre y sin cargos. Por eso, el maquillaje que se ponga ahora a la noticia o es interesado o es falso. O las dos cosas a la vez. Lo único cierto es que Llarena ha tenido que dar su brazo a torcer y se ha acabado rindiendo.